Abren el concurso de acreedores de LTE, cuya plantilla no cobra desde agosto pasado

El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Palma declaró abierto el concurso de acreedores de la aerolínea española LTE Internacional Airways, después de que el pasado viernes entrase oficialmente en la dependencia judicial, al día siguiente de que su consejero delegado, Michael Harrington, abonase las tasas.

El titular del Juzgado, Víctor Fernández, nombró administradores concursales a KPMG Auditores SL, como economistas; a Francisco Javier Sitjar como abogado; y a la entidad Newrest Inflight España SA, como administrador acreedor. Según especifica el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), las personas designadas tendrán que aceptar el cargo en un plazo de cinco días sobre la cuantía de la retribución a percibir. También se especifica que los representantes de la empresa deberán comparecer ante el Juzgado y la administración concursal las veces que sean requeridos y están en la obligación de "colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente" y poner a disposición de los administradores concursales "los libros, documentos y registros correspondientes". Obligación que además se extiende a los cargos de las sociedades deudoras que lo hubiesen sido en los dos años anteriores a la declaración del concurso. La presidenta del Comité de empresa de LTE, Herminia Caballero, mostró su sorpresa por que el juez admitiese a trámite este procedimiento de una manera "tan rápida". Precisamente hace un día los trabajadores de la aerolínea habían solicitado que se agilizara el pago por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para que se les pueda adelantar alguna cantidad de los finiquitos o indemnizaciones, ya que los más de 300 empleados de la compañía se encuentran sin cobrar desde el pasado mes de agosto. El auto también indica que los administradores concursales tendrán que elaborar un informe en un plazo de dos meses. La resolución se comunicará a los Juzgados Decanos de los partidos judiciales de Palma, Tenerife, Las Palmas, Arrecife y de Granadilla de Abona; así como al Fogasa, el registro Mercantil, la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Aviación Civil. La representante de los empleados indicó que tanto la cantidad a percibir como el porcentaje de trabajadores que podrían ser recolocados son dos temas sobre los que todavía no se ha decidido nada por lo que deberán negociarse. 
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