Una ley obligará a resarcir de los daños a los afectados por el impacto acústico de los aeropuertos

Este proyecto, impulsado por el Ministerio de Fomento, reconoce el derecho a las personas afectadas por el entorno aeroportuario a ser resarcidos por los daños y perjuicios que se les ocasionen como consecuencia de la navegación aérea y garantiza que las infraestructuras aeroportuarias sigan siendo un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo.
 
Los portavoces de Fomento destacan que “la finalidad del Gobierno es establecer un marco jurídico claro que fije las obligaciones objetivas y precisas del Estado en materia de calidad acústica, compatible con la protección de los ciudadanos que viven en el entorno aeroportuario, respetando su intimidad domiciliaria y su integridad física y moral”.
 
Este proyecto adapta la Ley de Navegación Aérea a la más reciente normativa internacional y comunitaria en esta materia, y responde a la doctrina marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la trigésimo quinta asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
 
Con objeto de “lograr un justo equilibrio entre los derechos de estas personas y los intereses de la economía nacional”, según este proyecto de Ley, el Estado estará obligado en los aeropuertos de su competencia a garantizar que en las poblaciones circundantes a dichos aeropuertos se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal y a aprobar planes de acción que incluyan las correspondientes medidas correctoras.

Asimismo, la Autoridad aeronáutica competente y al gestor aeroportuario estarán obligados a hacer una evaluación continuada del impacto ocasionado por la infraestructura a las poblaciones circundantes, a vigilar y sancionar los incumplimientos y, en general, a instar o adoptar las medidas necesarias para que la explotación eficiente de la infraestructura aeroportuaria sea compatible con los derechos de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes.

El proyecto da un plazo de seis meses al Estado para que en las grandes infraestructuras –las que registren más de 250.000 movimiento al año- se aprueben las correspondientes servidumbres acústicas y se atiendan los derechos afectados por la operación de los vuelos.

HOSTELTUR (transportes@hosteltur.com)