Una ley obligará a resarcir de los daños a los afectados por el impacto acústico de los aeropuertos

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación del proyecto de modificación de la Ley de Navegación Aérea que establece las medidas protectoras necesarias para salvaguardar los derechos de los afectados por el impacto acústico de los aeropuertos.

Este proyecto, impulsado por el Ministerio de Fomento, reconoce el derecho a las personas afectadas por el entorno aeroportuario a ser resarcidos por los daños y perjuicios que se les ocasionen como consecuencia de la navegación aérea y garantiza que las infraestructuras aeroportuarias sigan siendo un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo.
 
Los portavoces de Fomento destacan que “la finalidad del Gobierno es establecer un marco jurídico claro que fije las obligaciones objetivas y precisas del Estado en materia de calidad acústica, compatible con la protección de los ciudadanos que viven en el entorno aeroportuario, respetando su intimidad domiciliaria y su integridad física y moral”.
 
Este proyecto adapta la Ley de Navegación Aérea a la más reciente normativa internacional y comunitaria en esta materia, y responde a la doctrina marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la trigésimo quinta asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
 
Con objeto de “lograr un justo equilibrio entre los derechos de estas personas y los intereses de la economía nacional”, según este proyecto de Ley, el Estado estará obligado en los aeropuertos de su competencia a garantizar que en las poblaciones circundantes a dichos aeropuertos se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal y a aprobar planes de acción que incluyan las correspondientes medidas correctoras.

Asimismo, la Autoridad aeronáutica competente y al gestor aeroportuario estarán obligados a hacer una evaluación continuada del impacto ocasionado por la infraestructura a las poblaciones circundantes, a vigilar y sancionar los incumplimientos y, en general, a instar o adoptar las medidas necesarias para que la explotación eficiente de la infraestructura aeroportuaria sea compatible con los derechos de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes.

El proyecto da un plazo de seis meses al Estado para que en las grandes infraestructuras –las que registren más de 250.000 movimiento al año- se aprueben las correspondientes servidumbres acústicas y se atiendan los derechos afectados por la operación de los vuelos.

HOSTELTUR (transportes@hosteltur.com)
 
 
 
 
 
 

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