El Decreto-Ley de medidas urgentes sobre vivienda tumbado

Esta semana el Real Decreto-Ley de medidas urgentes sobre Vivienda no ha sido convalidado por la Cámara Baja (el Congreso de los Diputados). Esto implica que la normativa que debía quedar modificada o anulada por el decreto (como la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Propiedad Horizontal) vuelve a su redactado anterior.

Sin embargo, los contratos firmados después del 19 de diciembre 2018 (día en el que el decreto entró en vigor tras su publicación en el BOE) hasta ayer, se regirán por lo dispuesto en este decreto derogado. Se entiende que han sido firmados atendiendo la normativa vigente en ese momento y, consecuentemente, se deben regir por el mismo.

De este modo, los contratos que se firmen a partir de ahora se regirán por la durabilidad de la LAU de 2013 que recogía una duración mínima de tres anualidades más uno de prórroga tácita.

En relación a los alojamientos turísticos, al haber decaído el Real Decreto-Ley se deroga la posibilidad que tenían las comunidades de vecinos de prohibir nuevos alquileres turísticos con un acuerdo de 3/5 partes de los propietarios y vuelven a regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos; salvo los contratos celebrados durante este mes que ha permanecido en vigor que serán considerados como “actividad económica”.

En cuanto al procedimiento judicial de los desahucios ahora se requería un informe de los servicios sociales de forma preceptiva que a partir de ahora no será necesario.

Por último, la exención del pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en los alquileres de vivienda también quedará suprimida igual que la posibilidad en favor de los Ayuntamientos de no repercutir el IBI en alquileres sociales. También se elimina la posibilidad de que los gastos de gestión inmobiliaria y de formación del contrato corrieran a cargo del arrendador cuando fuere persona jurídica.

Todas estas nuevas “posibilidades” se han tumbado por el Congreso y ello deriva en una nueva oportunidad para hacer modificaciones que agraden a todos los sectores afectados.

Miquel Planas Font

Abogado

mplanas@monlexabogados.es