El zapato estrecho de la Junta de Andalucía

Desde Adam Smith los economistas se han dedicado a estudiar el comportamiento humano, pero ha sido en este siglo cuando se ha avanzado más en este campo. En 2002 el llamado Premio Nobel de Economía fue otorgado, por primera vez, a un pensador proveniente de otro campo, en este caso de la psicología y, concretamente, de la psicología cognitiva. Daniel Kahneman, catedrático de esa materia en la Universidad de Princeton es conocido por su libro “Pensar rápido, Pensar despacio” y por sus trabajos con Amos Tverski, fallecido antes de esa fecha.

Su investigación psicológica de los comportamientos económicos le llevó a elaborar la teoría de las perspectivas que asegura que, en un entorno de incertidumbre, los individuos toman decisiones que se apartan de los principios básicos de la probabilidad y estas se ejecutan como “atajos heurísticos“, lo que en lenguaje paladino sería algo así como que tienen ocurrencias y las convierten en decisiones. Esa misma teoría nos enseña que duele más la pérdida que la satisfacción de la ganancia, incluso una posible pérdida teórica. En un muy conocido experimento quedó probado que la gente prefiere una menor ganancia segura – 95 euros- que otra probable – un noventa y cinco por ciento de probabilidades de ganar cien euros- que, racionalmente sería la opción adecuada.

Sobre este asunto se han escrito miles de páginas, algunas con deliciosas derivaciones, por ejemplo la teoría del zapato estrecho que nos indica que el temor a perder los cien euros que nos gastamos nos lleva a tomar decisiones más caras y perjudiciales. Se empieza por llevarlos al zapatero para ensancharlos, lo que no suele bastar y se continúa intentando que el ensanche lo haga el propio pie con el consiguiente estropicio y necesidad de acudir al podólogo. Al final el gasto de mantener los zapatos ha sido superior al de la compra y uno se ha llevado un buen dolor de pies. La decisión racional hubiera sido regalarlos a alguien con el pie más pequeño.

Eso es lo que le está pasando a la Junta de Andalucía que circuló por un “atajo heurístico “para ofrecer, sin coste, a las empresas turísticas locales un certificado de “Andalucía segura “que, a finales de agosto solo habían solicitado cerca de un tercio de las Oficinas de Turismo- la mayor parte dependientes de la propia Junta-, un 0,2 por ciento de las agencias de viaje, un 2% de las casas rurales y un 7,4 % de los hoteles, según la información recogida por el profesor Alfonso Vargas de la Universidad de Huelva.

Si los responsables hubieran pensado “despacio“, es decir con la razón en vez de deprisa, con la emoción, hubieran declarado victoria y abandonarían ese “atajo heurístico, “como hizo la Secretaría de Estado de Turismo con el certificado de Turismo responsable “y buscarían otro camino.

Sin embargo han decidido ir al zapatero para que arregle el desaguisado haciendo una oferta a la población a la que le ofrecen un veinticinco por ciento de subvención en estancias en Andalucía de al menos tres noches en temporada baja y hasta un máximo de trescientos euros, con un presupuesto total de nueve millones de euros.

Naturalmente exige que todos se pongan los zapatos estrechos, es decir que el bono lo adquieran en una agencia que posea el certificado y que se gaste en un alojamiento que también lo tenga. Con los papeles que lleve a la agencia, donde se los sellaran, irá al hotel, pagará, recibirá más papeles y acudirá con todo ese papeleo a la Delegación Provincial de Turismo que le abonara, en teoría al cabo de unos días, la cantidad correspondiente.

Lógicamente no habrá muchos clientes que quieran ayudar a la Junta a ajustarse los zapatos- de hecho la mitad de los andaluces no pueden tomarse vacaciones de ningún tipo, por lo que buscaran otro “atajo heurístico “a través de una nueva norma que reúna, como esta del bono algunos requisitos indispensables, como obtener titulares, aumentar la burocracia y ser inútil.

Pero no han tardado mucho en aparecer los imitadores. La Comunidad Valenciana, a instancias de la patronal hotelera local, parece estar dispuesta a invertir hasta doscientos millones de euros para que los valencianos pasen vacaciones en su tierra con bonos de hasta seiscientos euros.

Y es que toda norma inútil tiene imitadores.