Un paso adelante por el derecho a decidir: Fin a la incapacitación judicial

Tras muchos años de insistencia y demandas judiciales del movimiento asociativo representante de las Personas con Discapacidad, exigiendo se dé cumplimiento a un mandato de Derechos Humanos de la Convención de la ONU de 2006, en el día de hoy, 3 de septiembre del año 2021, entra en vigor la reforma en materia procesal civil para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

De este modo, la norma -que modifica ocho leyes estatales como la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Comercio, la del Notariado, las leyes Hipotecaria y del Registro Civil, etc.- elimina la tutela y la patria potestad prorrogada y rehabilitada, al no responder al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.

Ello implica que más de cuatro millones de personas (pertenecientes al colectivo de la discapacidad) y, también, cualquier posible persona que pudiese ser susceptible de una discapacidad sobrevenida de hoy en adelante, verán como su capacidad jurídica pasa de no ser reconocida como personas en plenitud (el ordenamiento jurídico español permitía la privación y minimización de su capacidad jurídica y ser necesariamente representadas por otros a través de la tutela o incapacitación) a mantener sus derechos y precisar “apoyo” para la toma de decisiones, primando su autonomía.

Consecuentemente, la realidad del entorno jurídico-social y administrativo deberá prestar una asistencia, ayuda en comunicación y acompañamiento al colectivo para que puedan ejercer sus derechos y declarar su voluntad con base a su situación y características individuales, puesto que ahora, la norma aprobada evita que las personas con discapacidad deban solicitar autorización judicial cada vez que deseen comprar una vivienda o hacer testamento, por ejemplo. Así, deberán acudir al Notario con la ayuda de apoyo voluntario –familia, allegados– donde recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones que, quedarán acreditadas por el profesional de la Notaría. Sólo se acudirá a la justicia en casos excepcionales en los que, a pesar de la ayuda, sea imposible conocer la voluntad de la personas.

A su vez, la entrada en vigor de esta reforma conllevará que las Administraciones Públicas se comprometan a dotar de los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para garantizar los apoyos que el colectivo necesite para la toma de sus propias decisiones.

Esta reforma debe celebrarse puesto que significa un paso más en materia de igualdad y así lo hará la AEFT y su red de entidades, que durante el día de hoy saldrán a celebrarlo en la calle de varias comunidades autónomas.

Miquel Planas Font

Abogado de MONLEX

mplanas@monlexabogados.es