¿Las recapitalizaciones en la pandemia, competencia desleal?

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) anuló, el pasado 10 de mayo de 2023, la Decisión de la ComisiónEuropea que aprobó durante la pandemia de COVID-19 la recapitalización de Lufthansa por el Estado de Alemania por un importe de 6.000 millones de euros. Esa recapitalización, compuesta por un vasto paquete de medidas de apoyo, tenía por objeto restablecer la posición patrimonial y de liquidez de las empresas del grupo, muy afectadas en junio del 2020 por el impacto de la pandemia en los sectores del turismo y los transportes.

Sin iniciar el procedimiento de investigación formal (artículo 108 TFUE, apartado 2), la Comisión calificó la recapitalización de Lufthansa por el Estado alemán como compatible con el mercado interior. En base a dicho artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuando la Comisión comprueba que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado interior, o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, puede decidir que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine.

Las compañías aéreas Ryanair DAC y Condor FlugdienstGmbH interpusieron recursos de anulación contra la anterior Decisión. En su sentencia “Ryanair DAC y Condor Flugdienst GmbH contra la Comisión Europea”, el TGUE ha estimado que la Comisión no tuvo en cuenta diversos requisitos y exigencias establecidos por el Marco Temporal:

- La recapitalización permitía al grupo Lufthansa no solamente afrontar un riesgo de salida de los mercados en los que se hallaba en competencia directa con las demandantes sino además reforzar su posición competitiva. De esta manera, la concesión de la medida controvertida podía prima facie, dada su naturaleza, dar lugar a un lucro cesante o a una evolución menos favorable que la que habrían experimentado las demandantes de no haberse concedido tal ayuda.

- La Comisión no tuvo en cuenta todas las circunstancias pertinentes que deben entrar en consideración a la hora de apreciar la conformidad de la recapitalización con el apartado 49, letra c), del Marco Temporal, según el cual, para poder acogerse a una medida de recapitalización, es necesario que el beneficiario no pueda conseguir financiación en los mercados en condiciones asequibles.

- La Comisión incumplió lo dispuesto en el Marco Temporal en la medida en que no exigió la inclusión de un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado u otro mecanismo similar en la remuneración de la participación en el capital o de la participación sin voto II, en el momento de la conversión de esta última en capital.

- Si el beneficiario de una medida de recapitalización de más de 250 millones de euros en el contexto de la COVID-19 es una empresa con poder de mercado significativo en al menos uno de los mercados de referencia en los que opera, los Estados miembros deben proponer medidas adicionales para proteger la competencia efectiva en dichos mercados.La crisis de la Covid-19 causó graves daños a todas las aerolíneas. De allí que muchos gobiernos nacionales, incluyendo los de Alemania, Suecia y Dinamarca, aprobaron medidas de financiación para sus antiguas aerolíneas de bandera: el gobierno alemán otorgó un paquete de ayuda de recapitalización a Lufthansa, los gobiernos sueco y danés recapitalizaron a SAS por un valor de 1.000 millones de euros. A consecuencia, aerolíneas como Ryanair y Condor impugnaron en 2021 ante el TGUE la aprobación de estos subsidios por la Comisión Europea.

En enero de 2021, el Gobierno alemán obtuvo también el visto bueno de la Comisión Europea para contribuir a la recapitalización del grupo TUI por un importe de 1.250 millones de euros. En la sentencia anterior, el TGUE consideró que la decisión de Bruselas adolecía de "un mecanismo que incentivara a Lufhtansa a recomprar tan rápido como fuera posible" la participación en el capital de la compañía que el Estado estaba adquiriendo. Así, en marzo de 2023, el Consejo Ejecutivo de TUI aprobó una ampliación de capital con derechos de suscripción de 1.800 millones de euros, con el objetivo “reducir por completo la ayuda estatal” recibida.

Marc Ripoll

Abogado de MONLEX

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