El Tribunal Supremo debate indemnización por despido improcedente

El Tribunal Supremo se encuentra actualmente deliberando sobre un tema de gran relevancia para el derecho laboral en España: la posibilidad de incrementar la indemnización por despido improcedente más allá del límite tradicional de 33 días de salario por año trabajado, conforme a lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores. Esta discusión surge en el contexto de un caso en el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó a una empresa indemnizar a una trabajadora con una compensación adicional, argumentando que la indemnización inicial era insuficiente para reparar el daño causado y no disuadía adecuadamente a la empresa de repetir su conducta.

La controversia se originó cuando una trabajadora fue despedida por causas productivas el 27 de marzo de 2020, en pleno estado de alarma debido a la pandemia. La empresa le otorgó una indemnización de 941 euros, una suma que el TSJC consideró "insignificante". Posteriormente, la empresa anunció un ERTE, situación en la que la trabajadora podría haber recibido mejores condiciones si hubiera sido incluida. En vista de esto, el TSJC determinó una indemnización adicional por lucro cesante, superando los 33 días por año trabajado.

El Tribunal Supremo, mediante un auto emitido el 21 de mayo, ha decidido examinar la legalidad de esta indemnización adicional. La empresa recurrida argumenta que la legislación española no prevé indemnizaciones especiales para despidos sin causa justificada y que no se deben aplicar indemnizaciones diferenciadas para distintos tipos de despido improcedente, a menos que se trate de supuestos de nulidad.

Este análisis se realiza en un contexto donde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca reformar las normas de despido para encarecerlas, en línea con las observaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Dicho Comité indicó en marzo que el actual límite de indemnización en España no cumple con la Carta Social Europea, la cual exige una compensación adecuada para los trabajadores. La resolución final del Comité se espera para el próximo 20 de julio.

El fallo del TS será crucial para establecer una jurisprudencia clara en un terreno donde las decisiones judiciales han sido dispares. En los últimos años, diversos jueces han otorgado indemnizaciones mayores en casos de daño moral, vulneración de derechos fundamentales, o lucro cesante, pero sin una doctrina uniforme del TS, estas decisiones han variado significativamente.

Por ello, considero que el desarrollo de esta jurisprudencia es vital para la protección de los derechos de los trabajadores. Una interpretación acorde con la Carta Social Europea podría significar un avance significativo en la garantía de indemnizaciones justas y disuasorias, asegurando que las empresas cumplan con sus obligaciones de manera equitativa y responsable.

Este debate no solo afecta a la normativa actual, sino que también sentará un precedente que influirá en las futuras relaciones laborales y en la seguridad jurídica tanto para empleadores como para empleados.

Miquel Planas

Abogado de MONLEX

mplanas@monlexabogados.es