El Parlamento europeo analiza las denuncias sobre la Ley de Costas

La Comisión de Peticiones concluyó el pasado marzo su viaje a Madrid para analizar las denuncias sobre la Ley de Costas.

"La reforma de la Ley de Costas quizás plantee mejoras en ciertos aspectos con respecto a la ley de 1988, pero sigue sin ofrecer la protección jurídica suficiente para los propietarios de casas en la costa y plantea varios interrogantes más sobre protección medioambiental", resumieron en Madrid los eurodiputados de la Comisión de Peticiones, durante una rueda de prensa al término de su viaje a España en el que se entrevistaron con más de 40 denunciantes afectados por la Ley de Costas.

"Hubiéramos querido ver una reforma de la Ley que concilie de verdad la necesidad de proteger el medio ambiente y la obligación de respetar los derechos y garantías jurídicas de los propietarios de pequeñas casas en la costa", estableció la eurodiputada austriaca liberal que lideró la visita, Angelika Werthmann.

"Sin embargo, la reforma en curso plantea varios interrogantes y creemos que hay aún mucho por hacer".

"La ley de 1988 se creó con el objetivo de proteger el medio ambiente en zonas costeras y a la vista está que no logró su objetivo. No estamos convencidos de que la reforma actual vaya a mejorar las cosas".

La delegación del Parlamento Europeo estuvo compuesta, además, por los alemanes Rainer Wieland y Peter Jahr (PPE), la británica Marta Andreasen (ECR) y la danesa Margrete Auken (Los Verdes). Les acompañaban los españoles Carlos Iturgaiz (PPE), Dolores García-Hierro (S&D) y Willy Meyer (GUE/NGL).

76 peticiones ante el Parlamento Europeo

"Hemos escuchado a docenas de denunciantes", añadió la eurodiputada que explicó que la mayoría de propietarios considera insuficiente el sistema compensatorio de la reforma, que se basa en alargar las concesiones de uso de la vivienda hasta 75 años, en lugar de contemplar una compensación económica.

Por otro lado, los afectados denuncian también que las líneas de deslinde que definen qué casas expropiar se han fijado de manera muy arbitraria, amnistiando en algunos casos a hoteles o fábricas contaminantes en detrimento de muchos pequeños propietarios, que sí se han visto expropiados.

La comisión de Peticiones ha recibido hasta 76 denuncias sobre un amplio abanico de cuestiones referidas a la Ley de Costas, y procedentes de todas las comunidades autónomas con litoral.

La mayoría de ellas, por parte de propietarios de viviendas en la costa, pertenecientes a la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas o de asociaciones vecinales y locales de la Costa Brava (Girona), El Saler (Valencia), Alicante, Mazarrón y el Cabo de Palos (Murcia), Almería, Huelva o Tenerife, entre otros. En el caso del País Vasco, las reclamaciones van referidas a los molinos históricos amenazados por la Ley de Costas.

Entre los casos positivos, los eurodiputados destacaron el de Empuriabrava como una de las zonas que se verá beneficiada por la reforma.

Ministerio de Agricultura

Tras escuchar a los afectados, la delegación se reunió con el Director General de Sostenibilidad de la costa y el mar del Ministerio de Agricultura, Pablo Saavedra.

"Desde el Ministerio se han esforzado en explicar todos los detalles técnicos y mejoras que la reforma legislativa pretende implementar para solucionar los litigios del pasado", explicó Werthmann.

La futura ley obligará por ejemplo a incluir en el registro de la propiedad civil todas las casas que se verían afectadas por el deslinde, para que nadie pueda adquirir una vivienda sin saber que podría ser expropiada en el futuro.

"Sin embargo, concluyó la eurodiputada, no estamos convencidos de que la Reforma logre compensar a los propietarios ya afectados de forma satisfactoria. Además, nos preocupa mucho una cláusula que establece que las concesiones podrían revocarse en cualquier momento sin causa justificada".

Informe de conclusiones

El grupo de trabajo de la Comisión de Peticiones seguirá analizando estos temas en sus reuniones mensuales y redactará un informe de conclusiones antes del verano, que se pronunciará sobre si la futura Ley, tal y como está siendo reformada, vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada.