Canarias adopta directrices que limitan el crecimiento turístico

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este viernes con un amplio acuerdo la ley de directrices de ordenación y del turismo, que pretenden limitar el crecimiento turístico y fijar un modelo de desarrollo sostenible en el Archipiélago. Esta ley, aprobada en el último pleno de la quinta legislatura autonómica después de casi dos años de debate político y social, congela las licencias turísticas hasta dentro de tres años, con excepciones para un crecimiento limitado en las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma, donde el sector no está tan desarrollado. Después de los tres años, el Parlamento determinará la competencia, el procedimiento y la cantidad anual de autorizaciones de licencias turísticas, que se fijarán cada trienio. Las directrices apuestan por renovar la planta alojativa, en vez de autorizar nuevas plazas, en una apuesta por la calidad y la preservación del suelo y el paisaje de las islas ante el desarrollo urbanístico. Las directrices declaran la extinción de las licencias turísticas ya concedidas pero que no hayan obtenido licencia urbanística ni iniciado las obras. En cuanto a las licencias turísticas en vigor autorizadas, se fija un procedimiento para alargar en el tiempo la ejecución de las obras, elevar la calidad de los establecimientos y disminuir la capacidad proyectada. El nuevo modelo pretende acabar con el aumento continuo de la oferta turística, que cuenta actualmente con 350.000 plazas legales. Se acaba así con un modelo que ha llevado a primar la cantidad por encima de la calidad, con las consiguientes repercusiones en la ocupación del limitado suelo insular y la creciente necesidad de infraestructuras y servicios. Además de estas 350.000 plazas existentes, en el planeamiento de Canarias había suelo clasificado con capacidad para otras 850.000 plazas, indica el texto de las directrices. Junto a sus implicaciones económicas por la alta incidencia de crisis sectoriales, este modelo de crecimiento está produciendo una rápida disminución y simplificación de la biodiversidad y elevados costes ambientales. Las directrices de ordenación establecen los criterios para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, para el ahorro energético y el fomento de las energías renovables, así como la reducción y la gestión de residuos. Se establecen medidas para limitar al mínimo el consumo de nuevo suelo urbanizable residencial, limitando la dispersión y la baja densidad, y se introduce una apuesta por el fomento de la renovación de las edificaciones existentes. En cuanto al transporte, se promueve el servicio público y se limita la construcción de nuevas vías.