La ecotasa cumple un año y sigue dividiendo al Gobierno balear y a los hoteleros

La Ley del Impuesto sobre Estancias en Empresas de Alojamiento Turístico, conocido como ecotasa y destinado a la dotación de proyectos de rehabilitación de zonas turísticas y espacios naturales, continúa dividiendo al Govern de Francesc Antich y a los hoteleros, un año después de su entrada en vigor. La ecotasa cumplirá su primer año el jueves, 1 de mayo, y las partes implicadas siguen discrepando sobre su validez, ya que desde los partidos que forman parte del "Pacto de Progreso" (PSOE, UM, IU, Els Verds y PSM) lo califican del "proyecto más significativo de la legislatura", mientras que para los hoteleros "ha perjudicado gravemente a la industria turística". Desde su creación, el importe liquidado por la Conselleria de Hacienda y Presupuestos a lo largo de 2002 fue de 36,7 millones de euros, cantidad que configura los derechos reconocidos en favor del Ejecutivo autonómico para generar los créditos de gasto correspondiente a la financiación de los proyectos de la ecotasa. El Govern balear justificó la creación del gravamen por "la necesidad de recuperar el medio ambiente y las zonas turísticas del archipiélago tras el proceso de 'balearización' que las Islas han experimentado con los gobiernos del PP". El nuevo impuesto, el primero de sus características aprobado en España, ha merecido, sin embargo, encendidas críticas por parte de la Federación Hotelera de Mallorca, principal patronal del sector, que agrupa a unos 1.000 establecimientos y medio millón de plazas. Según los empresarios del sector de alojamiento, este gravamen "es injusto, discriminatorio y arbitrario", al tiempo que incide negativamente en la competitividad del principal sector productivo del archipiélago. La normativa promovida por el Govern balear supone que todos los turistas mayores de 12 años que no viajen gracias a programas sociales subvencionados y que se alojen en establecimientos turísticos deben abonar una media de un euro diario, obligación cuyo cumplimiento deberán garantizar los hoteleros. Los hoteleros afirman que el impuesto es "discriminatorio porque sólo afecta a un subsector del turismo", como es el negocio hotelero, mientras que no incide en la desaparición de una bolsa de alojamientos ilegales que supone un fraude fiscal anual estimado en más de 60 millones de euros. El portavoz de la patronal, Antoni Fuster, dijo a EFE que la ecotasa "no ha aportado nada positivo en Baleares, ha sido mal interpretada por los mercados emisores de turismo y mal gestionada en su destino". Desde el Govern recordaron que con los fondos de la ecotasa se han adquirido fincas de gran interés histórico-artístico, además de desarrollar una serie de proyectos "encaminados a proteger el entorno medioambiental y a patrocinar un turismo de calidad". El Ejecutivo autonómico aplica el tributo turístico después de que el Tribunal Constitucional levantara de forma temporal la suspensión provocada por un recurso presentado por la Administración central, todavía pendiente de resolver.