Diario 2159 21.11.2019 | 08:56
Hosteltur: Noticias de turismo
Edición Latam. El dinero iría a la conservación de áreas protegidas

En Magallanes estudian cobrar US$ 25 de impuesto en alojamiento a extranjeros

19 marzo, 2016

Chile/ En la Región de Magallanes el gobierno analiza un nuevo estatuto jurídico que incluya un impuesto de 25 dólares para los turistas extranjeros que se alojen en hoteles, y ese dinero sería utilizado para la conservación de áreas protegidas y parques nacionales. Desde el sector turístico ven con malos ojos esta idea porque haría que muchos terminen alojándose del lado argentino.

“Lo que hemos planteado es cómo generar recursos para poder reinvertirlos en el mismo territorio, como se hace en Galápagos o Yellowstone”, explicó el intendente Jorge Flies a La Tercera, agregando que “no es una conversación cerrada aún”, aunque “el cobro en los hoteles es una de las propuestas a evaluar de muchas que nos llegaron desde la comunidad”.

Mientras que Alejandro Kusanovic, presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio de Magallanes, señaló que “hace tiempo venimos trabajando para abaratarle los costos a los turistas de afuera, logramos liberarlos del IVA, y resulta que ahora les quieren cobrar un nuevo impuesto”, asegurando que si esto se lleva a cabo “obvio que  van a  preferir irse a alojar al lado argentino, en Calafate o Ushuaia, donde no les cobran”.

Torres del Paine.
Torres del Paine.

Además, como dijo María José Benavides, presidenta de la Asociación Magallánica de Empresas de Turismo Austro Chile, los turistas que ingresan a los parques “ya están pagando una entrada, y que va a subir la próxima temporada”.

Esta iniciativa se encuentra incluida en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas del Gobierno, que a su vez forma parte del informe de Comisión Técnica del Ministerio de Hacienda.

El Secretario Regional Ministerial (SEREMI) de Hacienda, Christian García, aclaró que la propuesta todavía se está analizando y que ante el debate generado se ha abierto una nueva etapa de diálogo para evaluar el impacto que tendría aplicar dicha modificación al estatuto.  Como publica el diario chileno, “debido al recelo imperante en la zona, tendrá un año de plazo para alcanzar consenso previo a ser ley”.


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