El Gobierno quiere evitar a toda costa que se active la responsabilidad patrimonial del Estado

Liquidan la autopista eje Aeropuerto y Fomento apelará la decisión

Ana Pastor acudirá a la Audiencia Provincial de Madrid. También recurrió la liquidación de la Ocaña-La Roda

El Ministerio de Fomento recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid que dicta la liquidación de la Autopista Eje Aeropuerto o M12 que une la capital con el Aeropuerto de Madrid-Barajas. De prosperar la decisión y hacerse firme podría activarse la responsabilidad patrimonial administrativa del Estado ante las constructoras de esas autopistas, por lo que la cartera que dirige Ana Pastor tendría que hacer frente a la deuda conjunta de 3.400 M €.

La Autopista Eje Aeropuerto o M-12, con una longitud de 9,4 km, fue inaugurada el 16 de junio de 2005, tras una inversión total gestionada de 435,6 millones de euros. Tiene un tráfico medio diario anual (vehículos equivalentes) de 6.611. La concesionaria de la autopista, por un periodo de 25 años, es Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española, perteneciente a la constructora OHL (Obras Huarte Lain), uno de los cuatro mayores grupos empresariales del país en el sector de la construcción y las concesiones.

En 2014 fue formalizada la declaración de concurso voluntario de acreedores, "presentada en 2013 debido a la adversa evolución de los tráficos y los sobrecostes en la inversión por mayores obras y expropiaciones", según afirma la concesionaria. Esta autopista conecta dos importantes ejes de entrada y salida de la capital española, las autovías A-1 (Autovía del Norte, Madrid-Burgos) y A-2 (Autovía del Nordeste, Madrid-Barcelona), en la intersección de esta última con la M-40, y facilita la conexión entre las zonas norte y sur de Madrid disminuyendo el tiempo de viaje en estos recorridos.

Liquidan la autopista eje Aeropuerto y Fomento apelará la decisiónLiquidan la autopista eje Aeropuerto y Fomento apelará la decisión

Fomento considera que las causas que el juez argumenta para liquidar la vía son "subsanables". El Ministerio ya recurrió el dictamen previamente emitido también por este mismo Juzgado, el pasado mes de febrero, para liquidar la AP-36 Ocaña-La Roda, apelando a los mismos motivos. No obstante, al parecer, ese primer recurso fue admitido a trámite y está en fase de estudio, sin que esté prevista una resolución inminente.

Con la presentación de estos recursos, a través de la Abogacía del Estado, Fomento pretende defender el plan de rescate de las ocho autopistas de peaje en riesgo de quiebra que presentó como propuesta de convenio de acreedores en los procesos concursales que están inmersas estas vías.

Responsabilidad patrimonial

Asimismo, el Ministerio busca impedir que el auto de liquidación active la responsabilidad patrimonial administrativa que el Estado tiene ante OHL como constructora de la autopista, por la que tendría que pagar a la empresa por el valor de la vía y las inversiones realizadas en la misma.

Además, Fomento pretende ganar tiempo para tratar de lograr el consenso necesario de todas las partes para que prospere el mencionado plan de autopistas, presentado en marzo de 2014.

Este plan contempla constituir con las ocho autopistas en quiebra (R-4 Madrid-Ocaña, autopista R-2 Madrid-Guadalajara, Autopista Cartagena-Vera, AP-36 Ocaña-La Roda, Autopista Eje Aeropuerto o M12, Autopista Madrid-Toledo, Autopista Madrid Levante y Circunvalación de Alicante) una sociedad pública, después de aplicar una quita del 50% a la deuda de unos 3.400 millones de euros, en principio estimada en 4.000 M €) que las concesionarias tienen con los bancos (ver: Una sociedad pública asumirá las nueve autopistas en quiebra cuya deuda suma 4.000 M €). El resto del pasivo se convertirá en un compromiso a 30 años.

La liquidación de alguna de las ocho vías en problemas también haría peligrar el plan de rescate, dado que la viabilidad futura de la nueva empresa pública de autopistas que contempla está calculada a partir de la inclusión de las ocho autopistas. por ello, la exclusión de alguna de ellas podría hacer a la sociedad inclumplir con los parámetros de cobertura de costes y deuda con los ingresos que la Unión Europea (UE) exige para autorizar su constitución.

 

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