Se plantean abandonar el programa o reducir cupos ante la congelación de precios

Los hoteleros amenazan con darse de baja del Imserso

Publicada 22/03/17 -Actualizada 21/09/18 11:00h
Los hoteleros amenazan con darse de baja del Imserso
  • Los hoteleros españoles se plantean su continuidad en el Imserso ante la ausencia de mejoras en la retribución de las estancias
  • El Gobierno ha propuesto prorrogar el programa una temporada más a 21 euros por persona y día
  • HOSBEC asegura que con esos precios los hoteleros trabajan a pérdidas

Los hoteleros han dicho basta. Están cansados de los “míseros precios” que les paga el Imserso y se plantean abandonar el programa o reducir drásticamente los cupos después de que el Gobierno haya propuesto prorrogarlo una temporada más (2017/2018) al mismo precio: 21 euros por persona y día.

“No puede ser que estemos a pan y agua desde hace cuatro años. El IPC ha subido un 3% y el próximo año se espera otro tanto. No podemos firmar a estos precios, es una miseria”, se queja Antonio Mayor, presidente de HOSBEC, la primera en alzar la voz tras recabar la opinión de otras patronales de Cataluña, Andalucía o Baleares.

Mayor asegura que desde hace años “los hoteleros trabajan a pérdidas con estos precios (19 euros después de descontar el IVA) ya que ni siquiera se alcanzan los umbrales de rentabilidad o puntos muertos”. Recuerda además que si hay un actor importante en el programa que realmente sufre el “desgaste” de sus instalaciones por el programa del Imserso son los hoteles. “Llevamos 26 años perdiendo dinero y esto es un escándalo. No podemos seguir eternamente siendo los paganos del programa”, insiste.

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El líder de HOSBEC deja claro que “no queremos ganar dinero, tan solo no perder más” y por ello apuesta porque se incremente en dos o tres euros el precio por persona y día para los usuarios del Imserso ya que, a su juicio, esta subida es fácilmente asumible. “Nadie deja de irse de vacaciones por tener que pagar 14 euros más a la semana”, dice.

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno central, quien tiene la “obligación de buscar y proveer soluciones a este problema que se ha creado por ellos mismos, por un pliego de condiciones irresponsable e inadecuado a la realidad del sector y de los usuarios”.

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