Podrán alquilarse los pisos que sean vivienda habitual por un máximo de 60 días al año

Baleares regula el alquiler turístico y establece una moratoria de 12 meses

Las plazas en alquiler vacacional deberán estar sujetas al intercambio de plazas turísticas

Publicada 19/07/17 -Actualizada 03/07/18 22:58h
Baleares regula el alquiler turístico y establece una moratoria de 12 meses
  • La moratoria al alquiler vacacional durará 12 meses, mientras los ayuntamientos y consells aprueben la zonificación de las ciudades
  • Las plazas que se creen en alquiler vacacional estarán sometidas al mismo intercambio general de plazas turísticas
  • La FEHM no considera que las modificaciones realizadas controlen la oferta irregular ni dejen claro por qué modelo apuesta Baleares

El Parlamento balear ha aprobado la modificación de la Ley Turística de 2012 para regular el alquiler turístico en la Comunidad autónoma. Así, queda prohibido el alquiler turístico en edificios de viviendas plurifamiliares, a excepción del alquiler en vivienda habitual por un tiempo máximo de 60 días al año allí donde la zonificación que se hará de las ciudades lo permita. Se establece una moratoria de alquiler vacacional de 12 meses mientras esa zonificación no sea hecha, y las plazas que se pongan en alquiler vacacional deberán estar sujetas al intercambio general de plazas turísticas. El alquiler vacacional queda limitado a viviendas unifamiliares y pareados.

Así, se mantiene en vigor la actual Ley Turística y lo que establece en su artículo 49, pero introduce "una nueva modalidad", según el vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló, que es la de poder alquilar tu casa propia durante 60 días al año, siempre que la zonificación que tendrán que realizar los ayuntamientos y consells insulares lo permita.

Según ha aclarado el vicepresidente, el alquiler de viviendas plurifamiliares que no sean la vivienda habitual está prohibido expresamente, al menos en esta fase de desarrollo de la normativa. Se establece también una moratoria de plazas turísticas en alquiler vacacional en toda la Comunidad autónoma, de un máximo de 12 meses, para permitir a los ayuntamientos y consells insulares aprobar las zonificaciones de las ciudades. Igualmente, la Ley prevé una limitación de las plazas turísticas en alquiler vacacional, que deberán estar sujetas al intercambio de plazas turísticas igual que lo están en el ámbito hotelero. Por ello el vicepresidente considera que por primera vez, "se establece un techo real de plazas turísticas".

Podemos, que apoya el gobierno formado por el PSIB-PSOE y Més per Mallorca, ha mantenido su amenaza de no dar apoyo a la propuesta del Govern puesto que ésta no incluía la declaración de "emergencia habitacional" para Palma e Ibiza, una propuesta de los podemitas para parar radicalmente el alquiler vacacional en el centro de Palma y en toda la isla de Ibiza. El Govern ha considerado desde el principio que tal praralización no era competencia suya sino de los ayuntamientos y los consells y que por lo tanto no debía reflejarse en la Ley turística, sino en su desarrollo posterior por parte de las otras administraciones implicadas

Barceló asegura que por primera vez se establece en Baleares 'un techo real de plazas turísticas'.Barceló asegura que por primera vez se establece en Baleares "un techo real de plazas turísticas".

Medidas de control y requisitos de calidad

La normativa establece por primera vez un control de calidad y unos requisitos mínimos para las viviendas vacacionales, con el objetivo de proteger al consumidor y evitar fraudes. Las viviendas vacacionales deberán constar en un registro y deberá presentarse la correspondiente declaración de inicio de actividad, siendo el titular el responsable de todos los trámites y de su incumplimiento.

También se prevén sanciones de hasta 40.000 euros para los propietarios que no regulen, según lo dicho, las viviendas destinadas a alquiler turístico, y establece sanciones para los portales comercializadores de hasta 400.000 euros (ver: Baleares multará a las web que oferten viviendas turísticas ilegales). Estas plataformas online deberán obtener el número de registro de alquiler vacacional de todas las propiedades que sean anunciadas, o incurrirán en faltas sancionables.

La FEHM no ve que las modificaciones controlen el alquiler vacacional

Inmaculada de Benito, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), ha valorado que las modificaciones a la ley de 2012 simplemente "reprohiben lo que ya estaba prohibido" pero no acometen "los grandes problemas que tenemos en términos de control sobre la actividad irregular que se está realizando en el alquiler turístico". La Federación estudiará la norma cuando salga publicada y también los reglamentos que la desarrollen y seguirá "trabajando con el Govern" con el mismo objetivo de siempre: "lo único que hay que hacer con la actividad irregular es controlarla, no dejar que ese crecimiento exponencial siga existiendo. El gran problema que tenemos es de definición del modelo turístico". Según Inma de Benito, se trata de elegir "entre un modelo que apuesta por la calidad, que es por el que apuesta le FEHM, y otro que apuesta por la cantidad incorporando mayor capacidad al sistema". Según la Federación, la modificación de la Ley Turística no aclara esta disyuntiva.

Inma de Benito espera ver publicada la redacción de la Ley turística con las modificaciones aprobadas para estudiarla a fondo, igual que la patronal del alquiler turístico, Aptur Baleares , que ayer reclamaba al Govern que aclare los efectos de la entrada en vigor de las modificaciones para sus negocios, sobre todo en referencia a los edificios de viviendas plurifamiliares. Pocos tenían claro, ayer, en el Parlament, si se entendía que tras la zonificación pendiente por parte de ayuntamientos y consells insulares, ese alquiler estará permitido o si seguirá prohibido como ahora. El hecho es que quedó derogado el artículo que específicamente prohibía este tipo de alquiler -hecho criticado por la FEHM- y en cambio, las modificaciones aprobadas dejan en manos de las administraciones insulares y locales la posibilidad de permitirlo o no tras la zonificación.

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