Dice que atenta contra el libre mercado y la competencia

Aptur recurre a Europa para tumbar la ley balear

La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler Turístico, Aptur Baleares, ha denunciado ante la Unión Europea la modificación de la Ley de Turismo de Baleares que regula el alquiler turístico por considerar que atenta contra el libre mercado y la competencia.

Aptur, por medio de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), ha presentado la denuncia ante la secretaría general de la Comisión Europea porque considera que la ley balear puede infringir la directiva europea de 2006 sobre el libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

Dice que atenta contra el libre mercado y la competenciaDice que atenta contra el libre mercado y la competencia

El presidente de Aptur, Joan Miralles, ha explicado en una rueda de prensa que la entidad ha decidido apelar a la UE ante la decepción que ha supuesto que el Gobierno central no haya planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa balear, para lo que tenían de plazo hasta el 31 de octubre. "Agotada esta vía nos queda Europa", ha dicho.

"En Madrid, no sé si por estar desbordados por el tema de Cataluña o por lo que sea, al final no lo han puesto, y nuestra sensación es que siempre ganan los mismos, el sector hotelero, que tiene un peso muy determinado en los partidos", ha dicho Miralles.

Discrecionalidad de los Consells

El coordinador de la comisión jurídica de Aptur, Joan Carlos Moll, ha justificado la denuncia porque la modificación legal "perpetúa el modelo turístico actual, favorece siempre al sector hotelero y no da entrada al modelo alojativo novedoso del alquiler vacacional con lo que menoscaba el principio de la libertad de competencia y el libre mercado".

Moll ha explicado que la denuncia se opone a determinados preceptos de la ley balear como que fije límites de plazas al alquiler vacacional y conceda "plena discrecionalidad" a los consells para establecer esos máximos en sus planeamientos.

También denuncian la nueva bolsa de plazas turísticas para alquiler porque puede provocar "la creación de un coto privado de caza" en el que solo los propietarios actuales con licencia o quienes accedan a ella cuando se lleve a cabo la zonificación, podrán ejercer esta actividad durante muchos años.

Moll ha explicado que la gestión de la bolsa hace que las plazas de alquiler no se reintegren a ella, de manera que se dan de baja definitiva y habrá un decrecimiento continuo en el tiempo. "Habrá gente que por generaciones no podrán acceder nunca al alquiler vacacional de sus viviendas heredadas, con las consecuencias que eso puede tener", ha augurado.

Sobre la prohibición a cada propietario de comercializar más de tres viviendas turísticas, critican que es una restricción "inventada por el legislador" y que "por ejemplo, no existe en el sector hotelero". También tildan de sinsentido la restricción al alquiler en edificaciones de menos de cinco años de antigüedad.

En cuanto a la necesidad de autorización por parte de las comunidades de vecinos en las viviendas plurifamiliares, Aptur cree que transgrede la Ley de Propiedad Horizontal que es de competencia estatal. También se oponen a requisitos como los contadores de luz individuales que "el legislador europeo no permite".

Que la ley permita, ante problemas habitacionales, que se pueda limitar la actividad o incluso suspenderla, ha sido calificado por el jurista de Aptur como "estipulaciones no claramente reguladas y parametrizadas que dan lugar a que caprichosamente un gobierno pueda aplicar restricciones a las actividades económicas".

Respuesta en dos años

Aptur espera que la UE, en un plazo de dos años, realice recomendaciones al estado español y los gobiernos autonómicos sobre esta cuestión o incluso legisle para unificar y que en todo el espacio europeo haya "las mismas reglas del juego".

Además, Aptur no descarta el recurso al Constitucional por medio de alguno de los procedimientos judiciales que se inicien por esta ley. La entidad ha anunciado que estará pendiente de denegaciones de autorizaciones o sanciones, para plantear a los afectados que pidan a jueces o tribunales que lo eleven al alto tribunal.

La denuncia de Fevitur ante la Comisión Europea supone una ampliación de la presentada anteriormente contra la ley balear de 2012. Además de dirigirse contra la ley balear que regula el alquiler, también se opone al decreto sobre viviendas de uso turístico aprobado en febrero en Castilla y León.


 

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