El sector asiste a una transformación de zonas turísticas en residenciales

Lamentable la interpretación que estos tres miembros de la mesa: patronal, abogado-consultor y subdirector de la cátedra de Turismo de CajaCanarias-Ashotel han hecho de lo que para ellos es un problema, la residencialización. Este término, que no es un concepto jurídico y que se ha acuñado aquí en nuestra tierra, significa el derecho que tienen los propietarios de apartamento o bungalows (viviendas según la sentencia del Tribunal Supremo y resolución del Defensor del Pueblo) a hacer uso de su propiedad como domicilio, hogar, o como segunda residencia. No dijo la verdad el abogado consultor, en la mesa de debate, al decir que estas propiedades no tienen cédula de habitabilidad, sería mejor que se informara, antes de divulgar esa falsa información. Tienen cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, lo que les habilita para residir, para vivir. Tampoco dijeron la verdad, al decir que en origen su uso era exclusivamente turístico. Como ha dicho el Defensor del Pueblo: “En Canarias no existe a día de hoy suelo especializado turístico, donde no esté permitido el uso residencial, la intención de la Administración de destinar inmuebles al uso específico turístico (incompatible con el residencial) tiene lugar en territorios donde previamente se han implantado usos residenciales, tal y como recoge el TSJ de Canarias en su sentencia de 2018 y por tanto, tales usos residenciales quedarían amparados por la regla general de libertad, al no estar prohibidos”. Argumentaron que el paro es el primer efecto pernicioso de la residencialización. Cuando no se tienen argumentos serios, siempre se recurre al paro, resulta que en la crisis económica, ha sido donde se ha batido récords de afluencia turística y resulta que paradójicamente también récords en paro juvenil y laboral muy por encima de la media nacional, sin entrar a valorar la calidad de ese empleo que preconiza este modelo (que les pregunten a las Kellys). El representante de la patronal, manifestó su preocupación por las pérdidas de empleo de camareros y recepcionistas, nada dijo de las camareras de pisos que están siendo forzadas a realizar su trabajo con una carga superior por no haber regularizado las plantillas y en vez de tener que realizar 15 habitaciones, hacen del orden de 20 y 24 al día, ni tampoco dijo nada de aquellos empresarios que pretenden que las comunidades de propietarios les paguen su personal: recepcionistas, limpiadoras, mantenimiento, etc. Lo que sí dijo es que las comunidades están en contra de pagar los socorristas, cuando la ley obliga sólo a las empresas explotadoras a la prestación de este servicio. Tampoco comentaron que el hecho de que muchos propietarios retiraran sus propiedades de la gestión turística, muchas veces, se debe a que nada en las leyes turísticas garantiza una renta justa y los empresarios turísticos, terminan pagando cantidades ridículas a los propietarios. Yo soy residente y propietario de un apartamento en Playa del Inglés y no estoy dispuesto a invertir en una empresa privada, de la que no tengo beneficios y que además me mete la mano en mi bolsillo para que sea yo quien pague las mejoras que a ella le interesa para su negocio. Como ha dicho el Defensor del Pueblo al tratar sobre la Unidad de Explotación: “Esta regla es desventajosa para los propietarios en cuanto restringe sus opciones de obtener un rendimiento, al verse obligados a ceder la explotación a una única empresa, que explota el complejo, lo cual traerá consigo una menor renta o incluso la ausencia de todo rendimiento, porque no hay ninguna garantía en las normas autonómicas de que el propietario pueda negociar los términos de la gestión o explotación de su propiedad, con que obtener una renta justa. El riesgo y ventura de la gestión la asume el propietario, no el empresario gestor, que sólo asumirá el posible beneficio”. Lástima que este Foro Internacional de Turismo, no aporte soluciones a la realidad social de Canarias, al modelo caduco de turismo implantado durante décadas y esperemos que en un futuro próximo, sirva para aportar soluciones y para fomentar un turismo sostenible económica, social y medio-ambientalmente.