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Edición España. Un proceso que se analizó en el Foro de Turismo de Maspalomas

El sector asiste a una transformación de zonas turísticas en residenciales

16 diciembre, 2019 Premium
  • Las áreas turísticas se están convirtiendo en ciudades y los ayuntamientos tienen que establecer servicios que no son turísticos
  • Es un reto que atañe tanto a las competencias de las comunidades autónomas como a los organismos estatales
  • El primer efecto pernicioso de la residencialización turística “es la pérdida de empleo", según un experto

El 30% de la población empadronada en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana -donde se encuentran localidades como Maspalomas, Playa del Inglés o San Agustín-, así como el 54% de los empadronados en Arona y el 48% de Adeje –ambas en Tenerife- residen en las zonas turísticas. Estas cifras evidencian cómo áreas que fueron concebidas para el turismo se están transformando en residenciales, como se puso de manifiesto en la séptima edición del Foro Internacional de Turismo de Maspalomas que se ha celebrado en el sur de Gran Canaria del 12 al 13 de diciembre.

Dichos datos corresponden a un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) y fueron expuestos en dicho foro por el subdirector de la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la misma, Moisés Simancas, que participó en la mesa redonda sobre residencialización de las áreas turísticas.

Se trata de "un problema que atañe tanto a las competencias de las comunidades autónomas como a las estatales”, señaló durante su intervención la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Carmen Pérez Ontiveros, quien también consideró que se trata de un problema de “límites”.

El foro turístico de Maspalomas ha celebrado este año su séptima edición.

Afrontar la transformación en zonas residenciales de zonas que no fueron concebidas como tales, sino como espacios al servicio del turismo, supone moverse “en un terreno en el que hay que compatibilizar los intereses públicos, que tampoco pueden ser caprichosos o aleatorios sino que deben estar bastante fundamentados”, afirma Carmen Pérez

Las áreas turísticas se están convirtiendo en ciudades y los ayuntamientos tienen que establecer servicios e infraestructuras que no son turísticos, como pueden ser los aparcamientos”, dijo Simancas. Además, recordó que “el uso residencial o vivienda vacacional siempre ha existido” porque hasta hace algunos años jubilados de toda Europa se desplazaban hasta las zonas turísticas para pasar su tiempo libre.

Modelo fallido

La residencialización de estas áreas se compagina con el turismo en sí con “naturalidad”, de acuerdo con el concejal de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, que destacó que en el caso de Canarias “desde el punto de vista de las leyes turísticas y desde el urbanístico trata de separarse”, lo que ha considerado “un modelo fallido”.

En este municipio “más de 7.000 personas residen en la zona turística” y, por lo tanto, el objetivo con vistas al futuro es “consolidar este uso residencial desde el planteamiento urbanístico”, dado que las leyes turísticas son competencia de la comunidad autónoma, añadió.

Para el abogado y propietario de BG Abogados y consultores, Carlos A. Bethencourt, el primer efecto pernicioso de la residencialización turística “es la pérdida de empleo”, algo con lo que coincidió con el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de la Provincia de Las Palmas (AEAT), Tom Smulders, que señaló que puestos de trabajo como los camareros y los recepcionistas “se están viendo afectados desde dentro”.

Para Carmen Pérez Ontiveros, la problemática de esta materia afecta “a derechos” como el de la propiedad y la solución es “una cuestión de diálogo, de no limitar los derechos de otro, sino de compaginarlos”

El economista Rafael Molina Petit consideró que esta situación, en concreto en la zona turística de Playa del Inglés, se ha generada “por la inexistencia de una gestión pública que realmente intervenga defendiendo los intereses de los ciudadanos afectados”

De este modo, propuso, en concordancia con lo que indicó la catedrática, que se defina de forma conjunta “el modelo ideal” para afrontarlo, “teniendo en cuenta el interés general” .

“De lo que se trata es de nunca imponer, siempre regular”, añadió Moisés Simancas. Y recordó que el modelo turístico también se encuentra en un cambio constante, al igual que los turistas que viajan.

A su juicio, “el turismo sirve para mejorar la calidad de vida de los residentes y por lo tanto, a la hora de plantear si tenemos que residencializar, hay que tener en cuenta” si esta actividad aportará beneficios a la población local.

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Comentarios 1
Avatar blas-padron blas-padron hace 1 año
Lamentable la interpretación que estos tres miembros de la mesa: patronal, abogado-consultor y subdirector de la cátedra de Turismo de CajaCanarias-Ashotel han hecho de lo que para ellos es un problema, la residencialización. Este término, que no es un concepto jurídico y que se ha acuñado aquí en nuestra tierra, significa el derecho que tienen los propietarios de apartamento o bungalows (viviendas según la sentencia del Tribunal Supremo y resolución del Defensor del Pueblo) a hacer uso de su propiedad como domicilio, hogar, o como segunda residencia. No dijo la verdad el abogado consultor, en la mesa de debate, al decir que estas propiedades no tienen cédula de habitabilidad, sería mejor que se informara, antes de divulgar esa falsa información. Tienen cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, lo que les habilita para residir, para vivir. Tampoco dijeron la verdad, al decir que en origen su uso era exclusivamente turístico. Como ha dicho el Defensor del Pueblo: “En Canarias no existe a día de hoy suelo especializado turístico, donde no esté permitido el uso residencial, la intención de la Administración de destinar inmuebles al uso específico turístico (incompatible con el residencial) tiene lugar en territorios donde previamente se han implantado usos residenciales, tal y como recoge el TSJ de Canarias en su sentencia de 2018 y por tanto, tales usos residenciales quedarían amparados por la regla general de libertad, al no estar prohibidos”. Argumentaron que el paro es el primer efecto pernicioso de la residencialización. Cuando no se tienen argumentos serios, siempre se recurre al paro, resulta que en la crisis económica, ha sido donde se ha batido récords de afluencia turística y resulta que paradójicamente también récords en paro juvenil y laboral muy por encima de la media nacional, sin entrar a valorar la calidad de ese empleo que preconiza este modelo (que les pregunten a las Kellys). El representante de la patronal, manifestó su preocupación por las pérdidas de empleo de camareros y recepcionistas, nada dijo de las camareras de pisos que están siendo forzadas a realizar su trabajo con una carga superior por no haber regularizado las plantillas y en vez de tener que realizar 15 habitaciones, hacen del orden de 20 y 24 al día, ni tampoco dijo nada de aquellos empresarios que pretenden que las comunidades de propietarios les paguen su personal: recepcionistas, limpiadoras, mantenimiento, etc. Lo que sí dijo es que las comunidades están en contra de pagar los socorristas, cuando la ley obliga sólo a las empresas explotadoras a la prestación de este servicio. Tampoco comentaron que el hecho de que muchos propietarios retiraran sus propiedades de la gestión turística, muchas veces, se debe a que nada en las leyes turísticas garantiza una renta justa y los empresarios turísticos, terminan pagando cantidades ridículas a los propietarios. Yo soy residente y propietario de un apartamento en Playa del Inglés y no estoy dispuesto a invertir en una empresa privada, de la que no tengo beneficios y que además me mete la mano en mi bolsillo para que sea yo quien pague las mejoras que a ella le interesa para su negocio. Como ha dicho el Defensor del Pueblo al tratar sobre la Unidad de Explotación: “Esta regla es desventajosa para los propietarios en cuanto restringe sus opciones de obtener un rendimiento, al verse obligados a ceder la explotación a una única empresa, que explota el complejo, lo cual traerá consigo una menor renta o incluso la ausencia de todo rendimiento, porque no hay ninguna garantía en las normas autonómicas de que el propietario pueda negociar los términos de la gestión o explotación de su propiedad, con que obtener una renta justa. El riesgo y ventura de la gestión la asume el propietario, no el empresario gestor, que sólo asumirá el posible beneficio”. Lástima que este Foro Internacional de Turismo, no aporte soluciones a la realidad social de Canarias, al modelo caduco de turismo implantado durante décadas y esperemos que en un futuro próximo, sirva para aportar soluciones y para fomentar un turismo sostenible económica, social y medio-ambientalmente.