Asegura que “vulneran” el derecho comunitario

El Gobierno de Canarias presentará una queja a la UE contra las prospecciones petrolíferas

También prepara una demanda “inminente” ante el Tribunal Supremo

Publicada 07/09/12 -Actualizada 15/07/18 23:29h
El Gobierno de Canarias presentará una queja a la UE contra las prospecciones petrolíferas

El Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias ha aprobado presentar una queja ante la Comisión Europea contra el Real Decreto 547/2012 que concede nueve permisos de investigación de hidrocarburos a Repsol por parte del Gobierno central por “vulneración” del derecho comunitario.

Bruselas ya investiga las prospecciones petrolíferas en Canarias, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo. En este sentido el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, ha recordado que el Estado aún no ha contestado a las alegaciones del Gobierno canario y que el Real Decreto no fue sometido a la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica pese a que tiene “efectos significativos” sobre el medio ambiente.

Además, advierte de que tampoco fue sometido a la Directiva de autorizaciones de prospecciones petrolíferas, lo que supone una “violación” del Derecho de la Unión. En su opinión, este incumplimiento “no desaparece ni se subsana” por la posibilidad de futuras evaluaciones medioambientales, tal y como sostiene el Gobierno central, ya que las exigidas por la Directiva de evaluación estratégica son “específicas”.

Según Marrero, si la Comisión estima los argumentos del Ejecutivo canario, deberá dirigirse al Estado para revocar las autorizaciones, y en caso de que no lo haga, podría ser denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulneración de la normativa comunitaria.

Tribunal Supremo

El portavoz ha avanzado también que la presentación de la demanda ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 547/2012 es “inminente”, y la ha desvinculado de los dos últimos reveses (El Gobierno canario pierde ante el Supremo el recurso contra las prospecciones petrolíferas) porque no iban “al fondo del asunto” sino a la convalidación del Real Decreto de 2001.

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