Diario 5908 31.05.2020 | 04:05
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Edición España. El uso del certificado será gratuito para las empresas distinguidas con la Marca Q

Qué costes implica la implantación del sello de turismo seguro del ICTE

19 mayo, 2020
  • La concesión del sello requiere del pago de los derechos de uso del mismo y los gastos de la auditoría que han de superar para conseguirlo
  • El gasto medio para una empresa pequeña, como puede ser una agencia de viajes con hasta 10 empleados puede ser de 350 euros
  • El consejero de Turismo de Andalucía, Juan Marín, ha dicho que creará su propio sello porque el del ICTE podría llegar a costar 3.000 euros

Las empresas que quieran conseguir el sello “Safe Tourism Certified", creado por el ICTE para garantizar que siguen los protocolos anti-Covid-19, tendrán que afrontar un coste de entre 100 y 400 euros por el uso de la marca más los gastos derivados de la auditoría que han de superar para conseguir esta certificación. En un sector con gran presencia de pymes, el coste medio total para muchas de estas compañías podría estar por debajo de los 400 euros. El Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) estima que, de media, el gasto final para una agencia de viajes con hasta 10 empleados será de 350 euros.

Estas cifras distan mucho de los 3.000 euros que, según indicó la semana pasada el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, podría costar la implantación del mencionado sello. Incluso llegó a pedir al Gobierno central que reconsiderase esta decisión.

El ICTE recibió el encargo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de elaborar los protocolos de prevención de riesgos frente a la Covid-19 para 21 subsectores turísticos, de los que ya están elaborados 12 y son gratuitos. Además, dicha entidad ha decidido crear el sello “Safe Tourism Certified", como marca de garantía.

“Como ocurre con cualquier otra norma de los demás sectores productivos, aquellos que quieran de forma voluntaria certificar la implementación de estas normas en sus empresas, establecimientos o recursos públicos turísticos, deberán abonar el coste de la auditoría y la certificación”, explican desde el ICTE.

La implantación de este sello implica el pago de los derechos de uso del mismo, cuyo precio oscila entre los 100 y los 400 euros anuales, en función del tamaño de la empresa, y será gratuito para las compañías que tengan la certificación de la Marca Q de Calidad.

Además, tendrán que hacer frente a los costes de la necesaria auditoría para conseguir la certificación, y las tarifas de mercado de estas firmas oscilan entre los 70 y 120 euros la hora. Las auditoras que trabajan con el Sistema de Calidad Turística Española son las únicas reconocidas para realizar este trabajo.

Dependiendo del tamaño de la empresa, se necesitará una media de entre dos y cuatro horas, puede ser mayor en compañías de grandes dimensiones.

Las empresas que ya cuentan con la Q de Calidad, a la hora se someterse a una nueva auditoría para renovar esta marca, tendrán que añadir dos horas para la revisión de los protocolos de seguridad anti-Covid.

“En principio se dijo que sería gratis, si bien cada empresa tendrá que pagar entre 500 y 3.000 euros a las entidades encargadas de hacer la auditoría”, afirmó Juan Marín, que incluso ha anunciado que Andalucía contará con un sello propio que será "gratuito para todos los empresarios" con el fin de dar "seguridad a los usuarios que vayan a cualquier establecimiento".

Para conseguir el nuevo distintivo, que se denominará "Andalucía destino seguro", será necesaria una declaración jurada del propietario del establecimiento, que posteriormente será verificada por inspectores.

Función principal

Desde el ICTE recuerdan que su función principal es la promoción de la normalización en el sector, además de la certificación de los sistemas de calidad implantados y la gestión de la Marca Q de Calidad Turística, propiedad del Estado español y cedida en su gestión a dicha entidad. "Es un ejemplo único en todo el mundo de colaboración público-privada", añade.

Asimismo, indican que su junta directiva cuenta con la participación de la Secretaría de Estado de Turismo, las patronales de los diferentes subsectores turísticos, los representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

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