Más de 1.700 millones se han quedado sin adjudicar

¿Qué ha fallado en la distribución de las ayudas directas al sector?

13 febrero, 2022
  • Ante el rechazo de muchas de las solicitudes presentadas por los interesados, se han disparado los recursos administrativos
  • Las comunidades autónomas están obligadas a reservar una partida de los fondos para las que empresas vean su recurso resuelto favorablemente
  • Los requisitos impuestos para acceder a las ayudas han hecho que muchas entidades y empresarios autónomos no presenten solicitud

El Gobierno ha destinado 7.000 millones de euros en concepto de ayudas directas para empresas y autónomos del sector para compensarles por las pérdidas generadas por la pandemia de la COVID-19, pero 1.700 millones no han sido adjudicados -de los 5.000 millones correspondientes a las autonomías peninsulares- y tendrán que retornar a las arcas de Hacienda, una situación que ha generado un gran malestar entre los empresarios turísticos. Pero, ¿cuál es la razón para que haya que devolver esa cuantía cuando es tan necesaria para el sector? Problemas de gestión y de planificación, así como unos requisitos inasumibles por parte de muchas compañías y la falta de celeridad de la Administración en las resoluciones son algunas de las causas, según explican los expertos consultados por este diario.

Miguel Planas Font, abogado del despacho de abogados Monlex y asesor jurídico de las patronales de restauración y ocio de Baleares, destaca que la decisión del Gobierno de aprobar ayudas directas fue recibida como “agua de mayo” por los posibles beneficiarios. Sin embargo, cuando se conocieron los requisitos para obtenerlas, es muy posible que muchas no llegaran ni a presentar la solicitud al asumir que no podían cumplir esos requerimientos, según indica Planas.

Por otro lado, entre las que las solicitaron, muchas de ellas han presentado recurso administrativo ante el rechazo de las mismas y todavía siguen a la espera de resolución.

"Todas las comunidades autónomas tienen la obligación de reservar una partida de esos fondos para las empresas que vean su recurso resuelto favorablemente”, añade el abogado

Por tanto, a su juicio, el principal motivo que ha llevado a la finalización de los plazos sin que algunas empresas hubiesen solicitado las ayudas no es por el tiempo concedido para presentar la solicitud, sino por los impedimentos en los requisitos impuestos para su concesión, ya que algunos “realizaban una criba elevada de posibles solicitantes”. Y cita como ejemplo, “que la empresa estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social”.

Una exigencia que, según explica, se intentó negociar sin éxito con los gobiernos autonómicos y el central. “Ello derivó en que una gran cantidad de futuribles beneficiarios que habían tomado la decisión empresarial interna de cumplir con el pago a otras empresas proveedores por delante de la Administración, no pudiesen optar a las ayudas”.

“Este ejemplo, como existen otros, son los motivos que supondrán la devolución, lamentablemente, de las partidas económicas sin adjudicar de cada comunidad autónoma a Hacienda”, añade.

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Miguel Planas pone en valor todo el proceso, puesto que “hay que agradecer que se haya destinado una partida presupuestaria a la ayuda de las empresas y autónomos afectados por la COVID-19”. Considera que la propuesta del Gobierno fue positiva porque se necesitaba esa ayuda, pero la duda es si fue suficiente, “posiblemente en uno o dos años podamos confirmar con más certeza si la conclusión es positiva o no y se ha cumplido el objetivo de salvar el mayor número de empresas y trabajadores autónomos”, agrega.

Se echa en falta una mayor celeridad de la Administración en las resoluciones, tanto a las solicitudes como a los recursos administrativos presentados, señala Planas

Complejidad en la norma y en la gestión

A juicio de Mateo Juan Gómez, abogado del bufete Buades, la redacción de la norma es ya de por sí muy compleja, lo que complica el proceso. Además, considera que ha habido un problema de planificación inicial y de gestión ante la avalancha de solicitudes recibidas. Cree que en este contexto se han denegado peticiones sin justificación y sin analizar con detenimiento el contenido de la misma.

Esta situación ha dado lugar a una gran cantidad de demandas. De hecho, en este bufete de abogados, “tenemos muchos recursos en trámite”, indica, y el colapso es tal que en Baleares se ha firmado un convenio entre la Consellería de Hacienda y Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) para que les apoyen en la resolución de los recursos.

En opinión de Mateo Juan, buena parte de los mismos van a ser estimados, con lo que el dinero sobrante de los fondos públicos para las ayudas directas se va a quedar bastante reducido.

Prudencia en la planificación

Mateo Juan señala que la mayoría de las comunidades autónomas ha previsto un reparto inicial prudente, para no quedarse sin fondos, al no conocer con exactitud cuántas empresas iban a solicitar este soporte, con la posibilidad de ir ampliando los tramos de las ayudas en función del remanente.

Por tanto, cree que existe un problema en la planificación inicial. "El Gobierno ha puesto unos límites que a lo mejor son excesivamente prudentes porque pensó que los fondos no iban a ser suficientes", sostiene.

Lo del excedente “lo pondría en cuarentena. Es virtual, porque realmente hay muchos recursos pendientes de resolver y muchos de ellos van a hacer que este sobrante disminuya”, agrega. De este modo, puede que haya empresas que reciban el dinero que se les denegó en un principio.

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