Tras el fin de la moratoria concursal y a la espera de la nueva ley

Alertan de un fuerte aumento de quiebras a partir de septiembre

Cepyme advierte de un posible "colapso" de los recursos en los juzgados de lo Mercantil

Publicada 01/07/22 -Actualizada 25/07/22 02:05h
Alertan de un fuerte aumento de quiebras a partir de septiembre
  • La patronal recuerda que "la situación de las pequeñas y medianas empresas es preocupante"
  • La falta de liquidez de las pymes ha disparado la morosidad en los últimos dos años
  • Se espera que la nueva ley beneficie a la mayoría de las pymes en el medio plazo, pero no a las microempresas

El final de la moratoria concursal de este jueves, 30 de junio, va a producir "un fuerte aumento de quiebras" empresariales a partir del próximo mes de septiembre. Es la alerta que ha lanzado la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

Desde este viernes, los empresarios con su negocio en estado de insolvencia tendrán la obligación de solicitar la declaración formal de concurso de acreedores. Del mismo modo, los acreedores, después de más de dos años de moratoria, podrán poner en marcha dicho procedimiento para solicitar el pago de sus deudas.

Cepyme explica en un comunicado que durante el mes de septiembre será cuando se presenten la mayoría de los procedimientos debido a que agosto es un mes inhábil en los juzgados de lo Mercantil y al plazo de dos meses para la presentación voluntaria del concurso.

A esta demora favorece también el hecho de que la nueva Ley Concursal se encuentra todavía en tramitación parlamentaria, por lo que algunas empresas esperarán antes de presentar su expediente por si les beneficia la nueva norma.

La patronal advierte que es posible un "colapso" de los recursos en los juzgados de lo Mercantil después del verano, lo que tendría un "importantísimo" coste económico para las empresas.

Nueva Ley Concursal

En cuanto a la nueva normativa, desde Cepyme se espera que la nueva ley beneficie a la mayoría de las pymes en el medio plazo, pero no a las microempresas que se encuentran en estos momentos en riesgo de insolvencia.

La mayoría de estas se acogerán al procedimiento abreviado de concurso de acreedores debido a que una gran parte ha agotado su patrimonio durante la pandemia.

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Sin embargo, a falta de concluir la tramitación parlamentaria, la nueva normativa incorpora importantes cambios que serán favorables para el tejido empresarial en el medio y largo plazo.

El nuevo proceso abreviado que incluye la nueva norma se vislumbra como un procedimiento menos burocrático y mucho menos gravoso para las pymes y microempresas sin patrimonio.

Además, el nuevo texto prevé potenciar los planes de reestructuración y facilitar las ventas de unidades productivas.

Sin embargo, en el corto plazo, Cepyme teme que estos instrumentos no podrán beneficiar a la mayoría de las empresas que arrastran meses de insolvencia.

Tras la pandemia, inflación

La patronal alerta de que "la situación de las pequeñas y medianas empresas es preocupante, ya que a la extensa duración de la pandemia se suma ahora la actual crisis inflacionaria, que no ha dado margen para que las empresas se hayan podido recuperar de posibles problemas de solvencia".

Según el Barómetro de Cepyme del primer trimestre de 2022, casi la mitad de las empresas han visto reducidos sus márgenes por el incremento de costes y un 15% veía en riesgo la viabilidad de su compañía.

Los procesos concursales se trasladarán a septiembre, en parte porque agosto es un mes inhábil en los juzgados de lo Mercantil.

La asociación empresarial recuerda que a pesar de la moratoria concursal, el número de concursos ha seguido aumentando en los últimos meses. En mayo, repuntaron un 5,3% en términos interanuales, según datos del Colegio de Registradores.

Advierte de una falta de liquidez de las pymes, en parte debido al menor volumen de ayudas directas que han recibido las empresas en España durante la pandemia en comparación con el resto de los países europeos.

Esto ha tenido como consecuencia que "la morosidad se ha disparado" desde 2020 debido también a la pérdida de liquidez. La deuda comercial con retraso de pago se incrementó un 17,3% en el tercer trimestre de 2021, situándose cerca de los 280.000 millones de euros. Muchas de estas empresas serán la que ahora podrán iniciar un concurso como acreedoras de empresas deudoras.

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