Consejo de Ministros

Suprimen 13 Subdirecciones Generales del Estado

Nueva estructura orgánica para "conseguir la máxima austeridad y eficiencia"

Publicada 27/01/12 -Actualizada 15/07/18 23:22h
Suprimen 13 Subdirecciones Generales del Estado
  • El Gobierno ejercerá un mayor control sobre las cuentas de las CCAA

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro suprimirá trece Subdirecciones Generales en virtud de la nueva estructura orgánica básica del Departamento aprobada este viernes por el Consejo de Ministros por Real Decreto.

Esta medida, con la que el Gobierno busca continuar racionalizando la estructura de las administraciones, se suma a la adoptada el pasado 30 de diciembre, que ya supuso eliminar dos órganos directivos con rango de subsecretaría y seis direcciones generales de este mismo Departamento.

Con todas estas medidas, el Gobierno persigue "conseguir la máxima austeridad y eficiencia en el funcionamiento de la Administración General del Estado".

Organismos bajo dependencia de Hacienda

La estructura del Ministerio de Hacienda aprobada por el Gobierno, establece que dependerán del Departamento que dirige Cristóbal Montoro la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la Agencia Tributaria (Aeat), el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

También se circunscriben en Hacienda el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Comisionado para el Mercado de Tabacos, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) y el Parque Móvil del Estado.

Mayor control a las CCAA

Por otra parte, las comunidades autónomas tendrán que enviar las grandes líneas de sus presupuestos autonómicos al Gobierno central antes de aprobarlos, según ha anunciado Montoro.

Las sanciones a las que no cumplan se concretarán en depósitos retribuidos del 0,2% del PIB nominal de la región.

Estos depósitos se convertirán en multas a los seis meses si persiste el incumplimiento y a los nueve meses el Gobierno enviará una delegación para evaluar la situación económica y financiera.

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