Es la primera en hacerlo de las nueve que están en concurso

La autopista Ocaña-La Roda llega a la fase final del proceso concursal

Propondrá a sus acreedores aplazar 43 años el pago de la deuda

La autopista AP-36 Ocaña-La Roda, una de las que están en quiebra y que rescatará el Gobierno, celebra este viernes su junta de acreedores, en la que propondrá a sus entidades financieras aplazar 43 años, hasta 2057, el pago íntegro de su deuda de 522 millones de euros.

Esta carretera es la primera de las nueve autopistas de peaje que actualmente están en concurso que llega a la fase final de su proceso concursal. Y lo hace pendiente de que el Gobierno concrete y apruebe el sistema por el que rescatará a las autopistas en problemas integrándolas en una empresa pública.

Para evitar su liquidación, la sociedad concesionaria de la autopista AP-36 Ocaña-La Roda presentará a la junta de acreedores un plan de pagos y un plan de viabilidad, que ya cuentan con el visto bueno de su administración concursal.

Propone una espera de 43 años para cobrar toda la deuda. Este plan contrasta con el proyecto de rescate del Gobierno, que prevé realizar una quita del 50% en la deuda financiera de 3.800 millones que suman las nueve vías y convertir el importe restante en un bono a treinta años.

Actualmente hay nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores en España. #shu#Actualmente hay nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores en España. Imagen Shutterstock

En su propuesta de convenio de acreedores, indica que el aumento del tráfico es un factor "vital" para superar el concurso, pero que su evolución "está unida a la de la economía", lo que hace prever "un estancamiento prolongado en la utilización de las autopistas de peaje".

También augura un "dilatado periodo de tiempo para la obtención de pronunciamientos judiciales favorables para que la concesión recupere el equilibrio económico-financiero", en referencia a los procesos judiciales abiertos sobre las expropiaciones de terrenos donde se construyó la vía.

Con todo, para que la autopista pueda cumplir con su plan de pago, el convenio considera "esencial" que se mantenga operativa y en marcha en todo su plazo de concesión de 75 años.

La propuesta asegura que cumple con el requisito necesario para superar el plazo máximo de pago de cinco años que establece la Ley Concursal, el de tratarse de una compañía "de especial trascendencia para la economía española" que además gestiona "un servicio público".

 

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