Cascada de recursos contra el registro único de viviendas turísticas

Entre las novedades de la normativa nacional para la regulación de los alquileres turísticos se encuentra la obligatoriedad de registrar todas las viviendas destinadas al alquiler turístico y de temporada a través del registro único de arrendamientos, así como la creación de la ventanilla única digital para centralizar los trámites relacionados con el registro y la consulta de datos.

El registro único de alquileres de corta duración (turístico, de temporada o de habitaciones) será de aplicación efectiva desde el 1 de julio de 2025, una vez que finalice el periodo de transición para que empresas y administraciones se adapten a lo dispuesto. El pasado 23 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que se regula ese procedimiento y se crea la ventanilla única digital de arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de este tipo alquiler.

• Se aprueba el registro único de alquiler turístico

Argumentos de la Junta de Andalucía

Sin embargo, la Junta de Andalucía ha interpuesto el recurso contra el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento del registro único de arrendamientos y se crea la ventanilla única digital.

Aunque la Junta está "absolutamente de acuerdo" con el reglamento europeo sobre la recogida de datos relativos a los servicios de alquiler de corta duración y "el fin que se persigue", rechaza "la ejecución que ha diseñado y puesto en marcha el Gobierno central".

La Junta argumenta que "el Gobierno se ha excedido" en el cumplimiento del reglamento, y "con mucho, de las competencias que tiene atribuidas", extendiéndose en cuestiones que el citado reglamento no impone", el cual, por otro lado, "es de aplicación directa en nuestro país", según han señalado fuentes de la Consejería de Turismo.

También recuerda que el pasado enero ya advirtió de que el decreto por el que se crean el registro y la ventanilla única "invadía competencias autonómicas" y que diversas comunidades hicieron el requerimiento previo al recurso "a los efectos de que ésta corrigiera las distintas cuestiones que vulneran la ley y las competencias autonómicas", pero el Ejecutivo central "les ha hecho caso omiso".

Señala que existe una "insuficiencia de rango para imponer a las personas arrendadoras y a las plataformas en línea de alquiler de corta duración toda una serie de obligaciones que no vienen amparadas por ninguna norma con rango de ley".

Andalucía reclama que las comunidades autónomas sean las "destinatarias de toda la información facilitada por los interesados y obrante en la ventanilla única digital", estableciendo los mecanismos de intercambio de datos adecuados para tal finalidad, sin que se exija la firma de un convenio adicional con los registros de la propiedad.

Además, pide que las comunidades sean "las competentes para dictar las resoluciones administrativas por las que se ordene la eliminación o inhabilitación del acceso a anuncios vinculados a establecimientos no autorizados por aquellas", de manera que la ventanilla única digital actúe como "mero cauce de transmisión con las plataformas digitales".

Considera que hay que "eliminar la duplicidad de procedimientos de registro" de alojamientos turísticos de corta duración, "respetando los registros establecidos en el ámbito autonómico".

La Consejería andaluza de Turismo ha solicitado que se convoque urgentemente a todas las comunidades autónomas, con presencia de los departamentos competentes en vivienda y turismo, para analizar la situación de los alojamientos turísticos y exponer los avances del grupo de trabajo que se creó para su seguimiento.

Una imagen de Málaga. Fuente: Adobe Stock

Argumentos de la Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana también ha presentado un recurso contra el Real Decreto del Gobierno que regula el Registro Único de Arrendamientos al considerar que vulnera las competencias autonómicas en materia de turismo.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha afirmado que el objetivo es “evitar el perjuicio al sector turístico" que, según ha dicho, "ya lo está notando por la repercusión dañina y los efectos negativos de su aplicación”.

“Estamos a favor de eliminar el alquiler de alojamientos turísticos ilegales, pero consideramos que la norma no tiene las bases jurídicas y técnicas necesarias, como así lo ha ratificado también el dictamen del Consejo de Estado en el expediente 1926/2024”, ha argumentado.

Cano ha explicado que el Gobierno valenciano está de acuerdo con el Reglamento de la Unión Europea sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y el fin que se persigue, pero "absolutamente en desacuerdo" con la ejecución del Gobierno de España.

De ahí que proponga "una normativa trabajada con las comunidades autónomas y que resuelva una problemática real”, pues la aprobada por el Ejecutivo "impone duplicidades innecesarias y limita nuestra capacidad de actuación”.

Según la consellera, el pasado 24 de febrero la Conselleria presentó un requerimiento previo para "corregir las disposiciones del decreto que vulneran la legalidad", pero el Gobierno "ha actuado con soberbia, sin ninguna voluntad de diálogo ni coordinación con los territorios”, ha criticado.

La Generalitat quiere impedir que se creen duplicidades con los registros autonómicos ya existentes, y que se respete la competencia autonómica para actuar contra ofertas ilegales y ordenar la retirada de anuncios.

“Exigimos al Gobierno una vía real de diálogo para resolver este conflicto competencial, convocando urgentemente a las comunidades autónomas para abordar de forma conjunta la regulación del alquiler turístico”, ha concluido.

Argumentos del Gobierno Canario

También el Ejecutivo canario considera que la norma aprobada por el Gobierno español invade competencias en materia turística que corresponden a las comunidades autónomas.

En este sentido, "lamenta que no se haya consultado a las comunidades autónomas ni a las entidades ni organismos que pudieran verse especialmente afectados por este decreto".

Así pues, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado 12 de mayo la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.

"El pasado 17 de febrero la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, formuló un requerimiento previo al Gobierno central, cuyo plazo expiró sin respuesta. Por esta razón, el Ejecutivo autonómico ha tomado esta decisión por considerar que la normativa invade competencias de las comunidades autónomas en materia turística, argumento que coincide plenamente con el dictamen del Consejo de Estado relativo al decreto y cuyas conclusiones son contundentes", explica el gobierno canario.

"Este dictamen considera que no se ha consultado directamente con las comunidades autónomas ni con las entidades ni organismos que pudieran verse especialmente afectados por la norma, lo que habría sido necesario por la incidencia del proyecto en sus competencias o ámbito de actuación", añaden las mismas fuentes.

El Gobierno español defiende el nuevo registro de VUTs

Por su parte, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, afirma que existe un "un clamor social" para "poner orden en el descontrol" de los pisos turísticos irregulares.

Recientemente, a preguntas de los medios durante una visita a Gandia, Bustinduy afirmó: "Hay que poner orden en el descontrol de los pisos turísticos irregulares que están haciendo que los vecinos y las vecinas se vean expulsados de sus barrios, que muchas ciudades en este país se estén convirtiendo en parques temáticos y que se esté anteponiendo sistemáticamente el interés comercial de grandes empresas sobre el derecho a la vivienda de los ciudadanos".

El ministro ha defendido que cualquier gobierno y cualquier administración pública, sea del signo político que sea, se debe al interés general y se debe a proteger los derechos de la ciudadanía, específicamente en este caso el derecho constitucional a la vivienda, que según ha dicho es "el principal problema que afrontan las mayorías trabajadoras del país".