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Edición España. Tras su impugnación por parte de la aerolínea

La Audiencia Nacional fija la fecha para la vista sobre el laudo en Iberia

27 septiembre, 2012

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) ha citado a Iberia y al Sepla a una vista para el próximo 11 de octubre para analizar la impugnación presentada por la aerolínea del laudo arbitral dictado por Jaime Montalvo el pasado 25 de mayo, según confirmaron fuentes del sindicato de pilotos. .

Según anunció en junio pasado Antonio Vázquez, presidente del grupo IAG, holding de Iberia y British Airways, a la junta general de accionistas, Iberia recurría el laudo arbitral por considerar, entre otras razones, que el árbitro se excedió en los términos de su mandato, especialmente en relación al Sepla, considerando que el árbitro Jaime Montalvo había tomado una decisión que “afectará negativamente las facultades de los gestores para alcanzar una adecuada base de costes para el negocio y que, por tanto, impedirá las oportunidades de su crecimiento futuro”.

Paralelamente, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) denundió a Iberia ante la Audiencia Nacional por incumplimiento del laudo arbitral impuesto por el Gobierno. La aerolínea lo negó, asegurando que lo ha venido cumpliendo a pesar de haberlo impugnado.

El pasado 25 de julio venció el plazo para que Iberia y Sepla se pusieran de acuerdo, tal y como contempla el dictamen del árbitro, en la designación del presidente de la Comisión de Seguimiento del laudo, por lo que es Montalvo quién debe designarlo.

Según denuncia el Sepla, la aerolínea solo ha puesto en marcha las medidas que afectan a las rebajas salariales y aumentos de productividad por parte de los pilotos de la matriz.

El conflicto entre la aerolínea y sus pilotos surgió a raíz de la creación de una nueva compañía para el corto y medio radio, Iberia Express, que desembocó en 18 jornadas de huelga y en la cancelación de más de 2.000 vuelos, con un coste diario de tres millones de euros, y un impacto económico que asciende a 54 millones de euros.

El Gobierno decidió para poner fin al conflicto imponer un arbitraje obligatorio, tras el fracaso de mediación del exministro Manuel Pimentel, y designó como árbitro a Jaime Montalvo.

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