El Gobierno propone reducir la burocracia empresarial

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el pasado sábado que el Consejo de Ministros aprobará antes del verano un nuevo paquete de medidas estructurales para luchar contra la recesión económica e incentivar el desarrollo económico, mejorar la calidad laboral y aumentar la competitividad de las empresas.

Las expectativas de crecimiento para los próximos meses -un punto y medio por debajo del obtenido en los dos últimos años-, además de la tendencia alcista de la inflación, han llevado al Consejo de Ministros a intentar atajar los problemas económicos antes de que se agraven. Por ello han decidido poner en marcha una serie de medidas que complementen las ya aprobadas, como la devolución de 400 euros del IRPF a trabajadores y autónomos o el aumento del plazo hipotecario sin coste alguno para el cliente. Según el presidente del Gobierno, antes del verano se aprobarán medidas estructurales que frenen los efectos de la desaceleración. Entre ellas se baraja la reducción en un 30% de las cargas administrativas que soportan las empresas, ya que España es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor regulación al respecto. Con ello el Ejecutivo pretende "mejorar la competitividad empresarial", que, a su vez, podrá significar un aumento "del 2% en el PIB". La intención es que esta normativa se presente a la Comisión Europea en octubre, tras conseguir el apoyo de los diferentes agentes sociales. Además, la reducción del papeleo supondrá, para el Gobierno, "una transposición ambiciosa de la directiva europea de servicios" que, a su vez, implicará "la reducción del impacto inflacionario en el sector". De esta forma se quiere reformar y modernizar los servicios profesionales, además de impulsar la competencia en el transporte ferroviario de mercancías. Entre las medidas socio laborales, Zapatero ha adelantado que es el momento para renovar el Pacto de Toledo, ratificado por el Pleno de los Diputados en 1995, sobre el sistema de pensiones; también ha indicado la intención del Gobierno de conseguir el "diálogo social" entre patronal y sindicatos, en esta "nueva etapa". 
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