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El Gobierno busca apoyos políticos para aprobar la polémica Ley de Puertos

4 junio, 2009
El proyecto de la Ley de Puertos -que ha suscitado numerosas reacciones en contra por los sobrecostes económicos que podría generar a operadores, usuarios y a determinados destinos como Canarias y Balears- necesitará más tiempo del previsto para adquirir rango de ley.
Cabe recordar que el Consejo de Ministros ya aprobó, a finales de marzo, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003 sobre el régimen económico y la prestación de servicios de los puertos de interés general.

Superado este trámite, el nuevo proyecto de ley inició su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. El plazo para la presentación de enmiendas finalizaba esta semana.

Sin embargo, debido a las protestas y a la posibilidad de que no hubiera suficientes apoyos políticos para sacar adelante la Ley, el nuevo ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado que se va a prolongar el plazo de las negociaciones.

En este sentido, durante su comparecencia la semana pasada en la Comisión de Fomento del Congreso, Blanco pidió a los diferentes grupos políticos, y especialmente al PP, un esfuerzo para consensuar la nueva ley.

Las navieras ven un encarecimiento

Según asegura la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley es la eliminación y reducción de algunas bonificaciones (tal como ha reclamado Bruselas).

De acuerdo con los cálculos realizados por esta asociación, la supresión de dichas bonificaciones perjudicaría "gravemente" una serie de buques y tráficos tipo, especialmente las rutas península-islas y los itinerarios interinsulares.

Para la realización de este estudio, indica ANAVE, se han tenido en cuenta las tasas, el pasaje y las mercancías.

Así, en los tráficos interinsulares se produciría una subida de las tasas portuarias que alcanzaría un incremento del 400% "en el caso de buques que no sean tipo ro-ro [barco que transporta coches y camiones] y que no se integran en un servicio marítimo regular (por ejemplo, buques de distribución de productos petrolíferos)".

En el caso de los ferries y ro-pax [buques que además de transportar vehículos, llevan varios cientos de pasajeros], la subida superaría el 250%, sostiene la asociación de navieros.

Pérdida de competitividad para las islas

En los tráficos entre la península y las islas (así como con Ceuta y Melilla), el aumento de las tasas analizadas superaría el 70%, salvo en el caso de buques tipo ro-ro en que rondaría el 15%. De este modo, "un solo buque ro-pax que opera regularmente entre un puerto peninsular y dos en las islas Baleares, sufriría un aumento de más de 3,5 millones de euros anuales", asegura ANAVE.

Este tipo de incrementos, por tanto, encarecería el transporte de mercancías y pasajeros a los destinos insulares, lo que perjudicaría la competitividad de Baleares y Canarias.

De ahí que el Gobierno de Canarias haya demandado con urgencia al Ministerio de Fomento que el proyecto de ley sea modificado. Por ello, el Gobierno deberá encontrar un sistema de ayudas alternativo a las bonificaciones, para evitar el rechazo de la Comisión Europea.

Rechazo de los clubes náuticos

Por su parte, la Asociación de Clubes Náuticos de Balears (ACNB), que reúne 24 entidades, también rechaza el borrador de la Ley de Puertos y por este motivo ha iniciado una ronda de contactos con los diputados de las islas en el Congreso.

Y es que según dicha entidad, la nueva ley "plantea una norma claramente perjudicial para los intereses del sector náutico" de las islas.

Según expone Miquel Suñer, presidente de la asociación balear, la carga fiscal a la que están sometidos los clubes náuticos situados en puertos de interés general de competencia estatal ha aumentado un 225% en los últimos seis años, a través de tasas de ocupación y derechos de concesión.

"Este hecho contrasta con los clubes que están en puertos dependientes de la comunidad autónoma donde existe una mayor sensibilidad política y legal hacia la náutica recreativa y a su importancia estratégica para la economía balear", afirma la ACNB.

Por ello, los clubes náuticos de Balears consideran que la nueva ley, que reforzará la independencia económica de las autoridades portuarias, significará consecuencias "nefastas" para el sector náutico, dado que "perderá competitividad".

Limitación a la libre competencia

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) tampoco ve con buenos ojos el proyecto de Ley de Puertos. Tal como recuerda este organismo, la principal novedad del texto, en materia de tasas, es que éstas podrán ser distintas en cada puerto.

"Se pretende la aplicación de este principio a cada una de las Autoridades Portuarias, y no al valor medio del conjunto de las veintiocho Autoridades, como ocurre en la actualidad, con objeto de que cada una de ellas pueda constituirse como unidad de ?negocio" independiente", explica la CNC.

Sin embargo, apunta el organismo, el sistema de "gestión indirecta" que fija la nueva ley "resulta más limitador de la competencia", ya que las diferentes Autoridades Portuarias podrán ejercer "un mayor control" sobre las empresas prestadoras, "tras lo cual subyace la voluntad de intervenir en el mercado de una manera más activa".

El informe completo de la CNC puede descargarse en el documento PDF adjunto.

Xavier Canalis (actualidad@hosteltur.com)

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