El “boom” legislativo de la vivienda de alquiler turístico

La existencia de múltiples plataformas de alquiler turístico ha empujado a las distintas comunidades autónomas a regular esta actividad, frente a la problemática que puede nacer de la misma. Consecuentemente, cada comunidad autónoma ha desarrollado unos requisitos y obligaciones distintos.

Esta situación divide a la sociedad, a los expertos analistas y a las formaciones políticas, puesto que unos consideran que este tipo de alquileres dificultan el arrendamiento tradicional perjudicando así a los residentes de esas mismas ciudades y otros, en cambio, como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) opinan que contribuyen a la mejora económica y han entrado a estudiar con profundidad estas normativas a efectos de evitar la imposición de “restricciones” que defienden que solo favorecen los intereses hoteleros. La misma Comisión aconseja una revisión de la normativa por parte de las Comunidades Autónomas que tienden a prohibir licencias, aplicar moratorias, zonificar la ciudad, limitar la duración de la estancia, etc. y así lo ha defendido en determinadas comunidades autónomas al recurrir ante los Tribunales las “trabas” y requisitos que imponen las normativas de San Sebastián, Bilbao y Madrid.

Por último, el Gobierno ha decidido poner freno al fraude fiscal aumentando el número de inspecciones a las empresas intermediarias dedicadas al alquiler turístico exigiendo más información y control en sus actividades.

Miguel Planas

Abogado