Incongruencias en la crisis del turismo español

Si hay un rasgo que caracteriza la gravísima situación de crisis que pone en riesgo de supervivencia al turismo español es la abundancia de incongruencias.

Mencionemos en primer término a la exigencia de pruebas a los viajeros que vienen a España. La primera sorpresa es que las pruebas anticovid solamente se exigen a los viajeros que utilizan el avión o el barco pero no a los que utilizan transportes terrestres. En segundo lugar: el Gobierno ha decretado exigir la prueba PCR, que exige un fuerte desembolso, que excluye en la práctica al paquete turístico familiar, ya que supone un coste a veces equivalente al precio del viaje. Además, el Gobierno nacional exige la prueba PCR mientras que el Gobierno regional de las Islas Canarias admite la prueba de antígenos. Enfrentado a esta disparidad, el Gobierno nacional en el primer día de aplicación de la exigencia del test PCR admite que los viajeros que han llegado sin esta prueba han de someterse al test de antígenos. ¿No se habían rechazado éstos? La propia Ministra de Industria, Comercio y Turismo ha declarado en el Tourism Innovation Summit que “los test de antígenos son sustitutivos de la cuarentena y de las restricciones de movilidad”. Es de esperar que logre convencer al resto de los miembros del Gobierno y que se anuncie en la Conferencia Internacional sobre Turismo que se va a celebrar en Canarias. Además, la Comisión Europea ha abierta la puerta a la aplicación de los test de antígenos cuando así se acuerde entre los países miembros. O sea que los considera perfectamente fiables. ¿Por qué el Gobierno español no encabeza la iniciativa de negociar con los países miembros de la Unión Europea la implantación recíproca o generalizada de los test de antígenos? Ello evitaría la presente situación de confusión y caos que amenaza la temporada turística de invierno en Canarias.

Por seguir con Canarias: se recibe a inmigrantes ilegales en vez a de turistas. A los inmigrantes ilegales se les hace, como no podía ser menos, la prueba anticovid y se les aloja, a cargo del presupuesto, en las plazas hoteleras que no ocupan los turistas. Se ha producido el caso esperpéntico, en Mallorca, de que los inmigrantes alojados en un hotel se han quejado de que sus habitaciones son sin vistas y de que un guardia civil en la puerta del hotel coarta su libertad de movimientos para disfrutar libremente de la noche mallorquina. A ello hay que unir el impacto negativo a la imagen de nuestros destinos turísticos: publicaciones europeas han mostrado a los inmigrantes ilegales disfrutando, en lugar de los turistas, del sol y de la playa.

En segundo lugar están las medidas para mantener la estructura productiva, empresas y trabajadores, del sector turístico. Los Gobiernos de países miembros de la Unión Europea, en los que el turismo tiene un peso relativo en el PIB inferior al que el turismo aporta en España han aprobado ayudas directas a la hostelería por un importe de 40.000 millones €, mientras que el Gobierno español todavía no ha diseñado un plan de ayudas directas al sector. Ante esta ausencia de ayudas directas por parte del Gobierno nacional por el cese de la actividad debida a decisiones administrativas por razones sanitarias, las Comunidades Autónomas han establecido sus propios esquemas y, como resultado de la disparidad de criterios y disponibilidad de recursos estas ayudas directas van desde los mil euros a los veinticinco mil. Como era de temer el monto de estas ayudas no guarda relación con la importancia del turismo en la economía de la región, sino a criterios puramente políticos y de disponibilidad presupuestaria. Dos establecimientos análogos de una misma empresa turística, ubicados a escasa distancia entre sí, pero en Comunidades Autónomas diferentes, recibirán un trato completamente distinto, que puede implicar la supervivencia en un caso y el cierre definitivo en el otro. Paradojas de nuestro sistema o incongruencias de la falta del mismo.

En tercer lugar, está la planificación para la recuperación del turismo. El plan resultante de esta iniciativa ha de tener dos facetas: la actuación sobre la oferta y la acción sobre la demanda. Por lo que se refiere a la oferta, el sector privado y, en concreto, sus asociaciones representativas (Mesa del Turismo, Exceltur, CEHAT) tienen la responsabilidad de actuar conjuntamente y formar un frente unido presentando un plan realista, adaptado a las directrices fijadas por la Comisión Europea. Pueden tomar ejemplo de la iniciativa del sector automovilístico, cuyo plan, por un importe de 10.000 millones € ha sido ya asumido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Es el positivo resultado de un sector coordinado, que ha sabido aglutinar los respectivos interese de los subsectores (fabricantes, distribuidores, etc.) y diseñar unas acciones coherentes con los criterios definidos por las autoridades comunitarias. Si el sector turístico privado, aunque más complejo y más fragmentado, no es capaz de pergeñar un plan válido tanto para las grandes empresa como para las pequeñas y medianas y que abarque a los diferentes subsectores habrá perdido una gran oportunidad y no podrá responsabilizar a otros de lo que no sabido hacer él mismo. El sector cuenta con instituciones técnicas (ITH, ICTE) que tienen capacidad contratada para aportar iniciativas bien fundamentadas y, asimismo, el sector tiene una larga relación con las grandes consultoras para orientar la presentación de sus planes.

El segundo aspecto del plan de recuperación del turismo se refiere a la demanda, a las acciones a desarrollar en los mercados emisores. Afortunadamente, en este campo el turismo español cuenta con un instrumento, TURESPAÑA, de reconocido prestigio internacional. La auscultación de la demanda, sus motivaciones y sus prioridades en la era post-covid, la selección de los instrumentos de comunicación y promoción, su capacidad de conexión con los socios (operadores, agencias, compañías de transporte) en los mercados emisores son misiones que las OET vienen desarrollando con gran profesionalidad y con resultados no siempre debidamente reconocidos.

Las incongruencias expuestas en primer y segundo lugar han de provocar consecuencias graves si no se corrigen con prontitud, aunque es de esperar que tengan un carácter temporal bien por el avance que se está produciendo en los procedimientos de test anticovid, que sin duda van a dejar desfasadas y en ridículo las limitaciones impuestas en el momento actual, bien porque las Administraciones turísticas apliquen unas políticas de ayudas directas y de exenciones tributarias que reconozcan el valor económico y social de la actividad turística.

No ocurre lo mismo con el reto que afronta el turismo español de cara al futuro. Si el sector privado no es capaz de diseñar un plan de recuperación consensuado y si éste no es asumido por la Administración turística el daño para el primer sector de la economía española será gravísimo y duradero. Nadie podrá eludir la responsabilidad de no haber actuado con diligencia y con eficacia.