Elecciones y turismo

LAS CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EN EL TURISMO

Más del ochenta por ciento de la actividad turística – turismo nacional e internacional-se realiza en seis comunidades autónomas. Una de ellas, Cataluña, nunca ha tenido un gobierno del PP, otra, Madrid, lo ha tenido desde hace casi 30 años. Andalucía fue gobernada por el partido socialista ininterrumpidamente hasta las elecciones del 2018, cuyos resultados condujeron a un gobierno de coalición del PP con Ciudadanos, que se ocupó de la consejería del ramo que, después de las elecciones del 2022, pasó a manos de los populares.

En las otras tres Comunidades: Canarias, Baleares y Valencia han alternado los dos partidos principales, pero las tres estaban últimamente gobernadas, en coalición, por los socialistas, que han perdido esos gobiernos.

El PP gobernará con Vox en Valencia y con su apoyo en Baleares. En Canarias, Coalición Canaria y PP lo harán conjuntamente. En las tres comunidades la consejería de turismo corresponde al PP.

La consecuencia más importante para el turismo es que, por primera vez, recibiremos mensajes más o menos claros que nos iluminen en el caso de que el PP gane las próximas elecciones generales y necesite a Vox para gobernar.

Recordemos, antes de seguir adelante, que el turismo es competencia exclusiva de cada comunidad autónoma y que la administración central solo ejerce funciones en este campo porque todas las partes tienen interés en que así sea. Tampoco hay que olvidar que el carácter transversal de la actividad turística y la influencia que en ella tienen políticas de otras áreas, tiene como consecuencia que más importante que cuál es el partido al que se le asigna la consejería de turismo, es la dirección política general, no solo de cada gobierno regional y de los ayuntamientos, en su caso, sino también del gobierno nacional del que dependen los ferrocarriles, el transporte aéreo, la costa con sus playas, el orden público, las telecomunicaciones y la gestión de los fondos europeos, es decir infraestructuras y normas que permiten el ejercicio de la actividad turística y que son las que ofrecen a los destinos españoles las ventajas competitivas de las que disfrutamos y por supuesto la política económica y fiscal que influyen en el coste de las vacaciones. Los gobiernos regionales y en su caso los ayuntamientos, regulan la actividad directa como la hotelera, la de los alojamientos turísticos y la de hostelería en general, la inspección, las políticas medioambientales, la promoción y la de todos los servicios auxiliares.

Para un correcto funcionamiento del sistema, y hasta ahora ha sido más que correcto, es conveniente un entendimiento entre las distintas administraciones que puede ser más difícil a partir de ahora con gobiernos de distinto signo político.

PSOE y PP tienen posiciones diferentes en lo relativo a tasas turísticas, control del crecimiento turístico, regulación medioambiental que afecta al turismo y otras Hasta ahora las transiciones se han hecho sin excesivo conflicto, pero parece que esta vez los nuevos gobiernos quieren un cambio más profundo que en otras ocasiones.

En Baleares, entre las 110 medidas acordadas figura la” apuesta por el sector turístico y la lucha contra la turismofobia, la derogación de las moratorias y otros apartados lesivos de la Ley de 2022”, así como una defensa del turismo de cruceros., la aprobación de una ley Balear de Costas para proteger las actividades como restaurantes y chiringuitos existentes y un aumento de la oferta de viviendas. Apuesta total por el crecimiento que inevitablemente provocara un aumento de la turismofobia, que en realidad es un conjunto de actuaciones frente al exceso de turismo, contra la que se proponen luchar. El conflicto está servido.

También es interesante la creación de un fondo finalista para la renovación de destinos turísticos maduros como Playa de Palma y zonas de Llucmajor, Alcudia o Calviá que se financiará con cargo al impuesto sobre estancias turísticas -la mal llamada ecotasa- que no se deroga, los fondos ”next generation“ y los procedentes del régimen especial. Moraleja: si un gobierno consigue aplicar varios años ese impuesto, el siguiente no quiere renunciar a los ingresos procedentes del mismo.

También apuestan en Canarias por el crecimiento: “e impulsar el turismo como motor de la economía “señala el acuerdo. El PP canario, al igual que la patronal hotelera, es contrario a un impuesto sobre estancias turísticas.

La tasa valenciana -municipal y voluntaria-sí será derogada.

El otro gran asunto en el que deberán retratarse los nuevos gobiernos, regionales y municipales, es el del alquiler vacacional en todas sus variantes, que en los últimos años ha puesto en el mercado muchas más plazas que el sector alojativo tradicional. Los hoteleros exigen un mayor control.

En ninguno de los acuerdos figura, hasta ahora, una mayor regulación de las “viviendas de uso turístico “que si pidió el candidato de Vox en la Comunidad Valenciana.

Veremos cómo se plasman estos deseos en normas que se publiquen en los boletines oficiales de cada comunidad. Las líneas generales ya están diseñadas: prioridad al desarrollo sobre la conservación del entorno.