¡Al fin un Ministerio de turismo!

Una parte, cada vez más minoritaria, del sector turístico sigue reclamando un ministerio exclusivo para el turismo. Se parte del razonamiento, un tanto simplista, de que con obtener un Ministerio de turismo se lograría, automáticamente, el reconocimiento social y por los poderes públicos que la actividad turística merece (el 12% del PIB y el 13% del empleo, y factor decisivo, una vez más, de la recuperación de la economía nacional). La compleja situación política resultado de las últimas elecciones generales puede hacer posible esta aspiración.

De repetirse un Gobierno que de continuidad al actual en funciones habría que contentar a los, al menos, 24 participantes que apoyarían su constitución. Habría, por tanto, que ampliar el numero actual de ministerios, 22, el más amplio de la historia. ¿A quien le tocará el premio del turismo en la compleja tarea de reparto de competencias entre la multiplicidad de actores? ¿A un grupo que ha venido despreciando la actividad turística por su supuesto escaso valor añadido, pero que no ha sido capaz de impulsar una actividad alternativa? ¿O a un actor nacionalista que reivindica sus intereses localistas: “sus” aeropuertos y puertos, “sus” paradores, “sus” turistas?

No parece una solución muy positiva. Los menos pesimistas creen que tampoco será mucho peor que la situación actual en la que el turismo ha sido públicamente minusvalorado por varios miembro del Gobierno, coartando cualquier posibilidad de desarrollar una política turística (fondos Next Generation, renovación de destinos pioneros de sol y playa) que haga frente a los retos que tiene planteados el turismo español.

Frente a la propuesta de un ministerio exclusivo de turismo, que por razones comprensibles siempre será un Departamento sin gran peso político y por tanto muy limitado a la hora de hacer valer en el Gobierno la importancia económica y social del turismo, se han ensayado históricamente dos soluciones alternativas. Una es la de incorporar al turismo con otro sector económico como la industria, el comercio o el transporte. De estas posibilidades la que ha dado mejor resultado es la última, como ha defendido un protagonista al que le tocó vivir aquella etapa. Efectivamente transporte y turismo son actividades complementarias: sin conectividad no habría turismo. Es llamativo comprobar que en el análisis de aquella solución no se mencionen un gran logro y una reivindicación todavía no resuelta. El gran logro fue la liberalización del tráfico aéreo que permitió, en primer lugar, acceder a las compañías aéreas de los grandes operadores europeos que manejaron, y todavía lo hacen, los grande contingentes de turistas, y, después, a las compañías de bajo coste. Sin ello hubiera sido imposible el prodigioso desarrollo del turismo hacia España. Es éste un tema que todavía no han resuelto algunos de los países competidores del Mediterráneo, cuyos ministerios de transporte siguen primando el interés de las respectivas compañías de bandera frente al desarrollo del turismo. La reivindicación, todavía pendiente, es el de la intermodalidad, ya resuelta en otros países europeos, mediante la conexión de la red de alta velocidad ferroviaria, en la que ocupa el segundo lugar mundial, y la red de aeropuertos. Es una oportunidad que todavía sigue desaprovechada a pesar de los esfuerzos hechos desde las entidades representativas del sector, en especial desde la Mesa del Turismo de España.

La otra solución, solamente puesta en práctica en una ocasión, consiste en adscribir el turismo a una vicepresidencia económica, dotada de un gran peso político. Así como hay que reconocer los aspectos positivos de la unión de turismo y transporte, no parece razonable desconocer las ventajas de esta alternativa cuando no se ha tenido una experiencia personal de la misma. La razón que fundamenta esta solución es muy sólida: el carácter transversal del turismo. La acción pública sobre el turismo no se limita al área de la demanda en los mercados emisores, mediante la información sobre los mismos, el contacto permanente con los actores que operan en los mismo y la estimulación de la demanda. La política turística tiene otros dos aspectos fundamentales. El primero es la acción sobre la oferta, destinos y productos. El reparto competencial reserva esta acción a las Comunidades Autónomas y a la Administración central sólo le cabe una actividad indirecta basada en el estímulo y la coordinación como instrumentos. En este área cabe mencionar el Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE), el Plan de Turismo Cultural y la creación del Museo Thyssen-Bornesminza, como logros alcanzados en la etapa en que el turismo estuvo integrado en la Vicepresidencia de Economía y Hacienda.

El segundo aspecto fundamental de la política turística es la multiplicidad de factores que condicionan la actividad turística, derivada del carácter transversal del turismo, y cuyas competencias corresponden al Gobierno nacional: las relaciones laborales, la regulación medioambiental, el sistema fiscal, la seguridad ciudadana, el tráfico fronterizo y el sistema de visados, por mencionar algunas de las más importantes. De ahí la necesidad de que el Departamento ministerial responsable de turismo dispusiera de un gran poder político para conseguir una acción coordinada de los diversos ministerios competentes que afectan a la actividad turística, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, que definía la estrategia global del turismo y precisaba y seguía el cumplimiento de las medidas concretas en que aquella se plasmaba, fueran, entre otras, en el ámbito de la seguridad ciudadana, los visados, o las prioridades en las infraestructuras de transporte.

Es impensable que una Vicepresidencia Económica no fuera sensible a la imperiosa necesidad de que se aprovechase la oportunidad de los fondos europeos Next Generation para financiar los planes de renovación del turismo español, motor de la economía nacional, que garanticen su competitividad en el futuro.