Prestadores turísticos de Uruguay deberán denunciar explotación sexual de menores

El texto, según informó la Presidencia, manifiesta que esta prevención está enmarcada en la política turística nacional y cumple con compromisos internacionales.

Las empresas deberán adoptar en la empresa “un código de conducta que contenga medidas de control relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía; difundir sus derechos e impedir la explotación sexual comercial, pornografía infantil y el turismo asociado a las prácticas sexuales con niños, niñas y adolescentes; implementar medidas para impedir que sus dependientes e intermediarios ofrezcan servicios turísticos sexuales”, informó el Poder Ejecutivo.

Uruguay extrema las precauciones ante turismo sexual. Imagen Shutterstock

También tienen la obligación los prestadores turísticos de denunciar ante el Ministerio de Turismo y Deporte y el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, la existencia de actos relacionados con la explotación sexual a través del servicio de la línea 0800 5050, y ante las autoridades competentes; no ofrecer en sus programas de promoción turística, expresa o tácitamente, planes de explotación sexual; y facilitar espacios para la presentación de materiales que propendan a la difusión de las acciones tendientes a la prevención.  

Compromisos internacionales

El texto legal establece que Uruguay ha asumido compromisos de carácter internacional y regional, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niños de las Naciones Unidas, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente de Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo), Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los cuales los obligan a adoptar medidas que contribuyan a prevenir y combatir el fenómeno de la explotación sexual comercial de niños y adolescentes.

El decreto fue firmado por el Presidente de la República, José Mujica, y los ministros de Turismo y Deporte, Liliam Kechichián, del Interior, Eduardo Bonomi, y Desarrollo Social, Daniel Olesker.