Diario 2406 30.10.2020 | 17:22
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Edición Latam. Alojamiento y regulación

¿Terminó el recreo para la informalidad en Latinoamérica?

Los hoteleros reúnen fuerzas contra propietarios y plataformas, y HOSTELTUR Latam lo analiza en su revista especial para Fitur 2020 22 enero, 2020
  • En 2019 logró consolidarse un fuerte movimiento en contra de los alojamientos informales, y su formalización marcará la agenda de 2020
  • Buenos Aires se convirtió en pionera en Argentina, la región y el mundo, pero Uruguay sorprendió al sector con una inteligente normativa
  • Mientras que Colombia ha empezado a dar grandes pasos en materia de control de la informalidad, el tema en Brasil está judicializado

Si 2019 fue el año en que se consolidó el movimiento anti Airbnb, el año 2020 podría marcar el robustecimiento de la regulación a nivel global. Al menos esto es lo que persigue un influyente grupo de hoteleros que se formalizó bajo el rótulo ReformBnB y que en los últimos 18 meses se reunió tres veces. ¿Qué están haciendo los países de la región para formalizar esta oferta? Este es el tema de la nota central de la revista especial de HOSTELTUR Latam para Fitur 2020.

El Global ReformBnB Forum fue constituido en noviembre de 2019 en Buenos Aires por más de 60 representantes de asociaciones hoteleras de 15 países y numerosas ciudades. Lo que se entiende como “un importante paso en la lucha contra la informalidad”.

Los asistentes se trazaron el objetivo de “ir marcando pautas y caminos para la regulación, no de las plataformas en sí mismas -que muchos países han regulado-, sino de la oferta”. Para ello, se propone distinguir las zonas turísticas de las que no lo son; y generar propuestas debidamente registradas y habilitadas, con los controles sanitarios y de calidad que un destino merece.

En noviembre de 2019, el ReformBnB se reunió y formalizó en Buenos Aires, uno de los destinos pioneros en la lucha por la regulación

El alquiler turístico no regulado es señalado por hoteles y destinos como un disruptor negativo. Los beneficios que puede obtener el consumidor -mejores precios, mayor variedad de alojamientos- son, justamente, los perjuicios que la hotelería acusa. La ausencia de regulación y control permite ofrecer precios más bajos al alojamiento informal y esto afecta la competitividad del sistema, empujando las tarifas hoteleras a la baja.

Al principio la web de Airbnb era un simple directorio de habitaciones y apartamentos, pero pronto sus creadores -los diseñadores Brian Chesky y Joe Gebbia- se dieron cuenta de que la clave era la seguridad: la confianza entre huéspedes y anfitriones.

Hoy, los números de Airbnb son impactantes. Ofrece más de 7 millones de alojamientos en 220 países y regiones, superando largamente a las cuatro hoteleras más importantes del mundo: Marriott, Hilton, InterContinental (IHG) y Wyndham suman unos 3,5 millones de habitaciones.

Según la plataforma, más de 500 millones de personas han viajado con Airbnb. Tiene 4.000 empleados y está valorada en más de US$ 31.000 millones. Para 2020, según anunció en septiembre de 2019, cotizará en Bolsa.

Fidelizar y diferenciarse

Para los hoteleros, la clave está en “fidelizar al cliente con su experiencia en el hotel, pensar en hacer las cosas de manera diferente para aportarle más”, según el respetado Instituto Técnico Hotelero (ITH) de España.

En algunos países, ciudades y distritos las autoridades han llegado a “acuerdos” con Airbnb para que transparente sus operaciones y tributar al fisco: 400 destinos de los 65.000 en los que está presente. Son acuerdos parciales, exclusivamente económicos, que pretenden mitigar la percepción de competencia desleal. Para los hoteleros esto no es suficiente porque eluden otros grandes temas.

Los hoteles tienen múltiples tasas y controles: seguridad edilicia, inspección de bomberos, potabilidad del agua, calidad del saneamiento, condiciones laborales del personal, aportes previsionales.

Así y todo, Airbnb puede ser una solución a muchos problemas. Por ejemplo, cuando se necesita más capacidad de alojamiento que la habitual en una ciudad. En 2016, el Comité Olímpico Internacional hizo un acuerdo con Airbnb para que le facilitara alojamiento en Rio de Janeiro. Y lo mismo Chile en la Copa América de 2017.

Buenos Aires, punta de lanza

Aunque las posturas en Argentina son disímiles y los distintos gobiernos nacionales han decidido “lavarse las manos” en relación al tema, su capital, Buenos Aires, está comandando la lucha contra los alojamientos informales en el país, en Latinoamérica y también a nivel mundial.

Y no es para menos. Según la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Cafés y Confiterías (AHRCC) de la ciudad, las plazas de alquiler temporario ya son 487.000, superando ampliamente las 420.000 formales. Y, lejos de detenerse, el número va en aumento. Por eso, Buenos Aires fue uno de los primeros destinos del mundo en sumarse al grupo ReformBnB y fue sede de su tercer encuentro, donde logró constituirse como un foro.

Mientras los principales líderes de las asociaciones hoteleras del mundo sesionaban allí, el Gobierno porteño presentaba en su Legislatura un proyecto de regulación, que fue aprobado días después.

La norma porteña obliga a los propietarios, desde el 1° de diciembre de 2020, a estar inscriptos en el Registro de Propiedades de Alquileres Temporarios Turísticos de la Ciudad; establece un mínimo de un pernocte y un máximo de tres meses; y prohíbe alquilar la propiedad a menores sin la compañía de un adulto, entre otras medidas.

Pero, ¿cómo se logrará darle cumplimiento? Ese es el siguiente desafío, y aseguran que el sector privado ha sido convocado a trabajar en eso junto al Gobierno porteño.

Uruguay a la vanguardia

El anuncio de que Airbnb comenzará a tributar en Uruguay por su actividad de intermediación en alquileres temporarios fue una sorpresa, incluso para el ambiente del turismo, cuyos principales actores conocieron la definición un rato antes del anuncio, el mismo viernes 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo.

Airbnb pagará el IVA sobre las comisiones que obtiene en Uruguay, y entregará datos de transacciones al gobierno. Las negociaciones entre Airbnb y las autoridades económicas del gobierno uruguayo -Dirección Impositiva y Ministerio de Economía- para formalizar a la plataforma de intermediación inmobiliaria comenzaron hace al menos dos años.

En esas conversaciones participaron representantes de la compañía en las oficinas de San Pablo y de Buenos Aires. Esos representantes cambiaron más de una vez, contaron a HOSTELTUR fuentes cercanas a las negociaciones. Un estudio jurídico en Uruguay patrocinó a la compañía en el proceso.

Acerca del anuncio de que Airbnb comenzará a pagar el IVA sobre las comisiones que percibe por transacciones en el mercado uruguayo, el subdirector de la DGI, Álvaro Romano -sin nombrar a la plataforma- mencionó que lo que fue presentado en términos de “acuerdo” se aplica a las facilidades de pago de la deuda que mantenía.

“La administración tributaria no negocia con los contribuyentes, sino que aplica el marco normativo, en este caso de una ley vigente desde 2018”, dijo Romano, quien agregó que “el país está a la vanguardia a nivel mundial”, ya que reguló “de manera muy temprana la tributación de la economía digital, cobrándole impuestos desde 2017 a algunas empresas”, como Uber.

Como caso emblemático para demostrar la importancia de los registros de huéspedes, vale recordar que uno de los hombres más buscados del mundo, Rocco Morabito, fue capturado por Interpol en Montevideo en 2017. Morabito, líder de la mafia calabresa Ndrangheta estaba prófugo desde 1995. Francisco Antonio Capelleto Souza se hospedó en un hotel de Montevideo. Con esa falsa identidad vivía en Punta del Este el “rey de la cocaína” de Milán en los ‘90.

Mediante el Registro Informático de Huéspedes y Pasajeros, directamente conectado a la Policía, fue advertida la situación. La importancia del registro hotelero obligatorio es destacada como un valor que distingue a los alojamientos registrados y formales de los alquileres informales.

La evolución colombiana

Según el Registro Nacional de Turismo (RNT) de Colombia, a lo largo del país figuran unos 12.000 hoteles, y si se suman a ellos algunos tipos de alojamientos legales que no figuran en esas estadísticas, se estima que el número asciende a 14.000 establecimientos.

Sin embargo, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) calcula que los alojamientos informales llegan nada menos que a 30.000 unidades, es decir, más del doble que los alojamientos debidamente habilitados. Esta situación ha creado un fuerte impacto sobre las tarifas y, desde luego, sobre la rentabilidad de los establecimientos.

En diálogo con HOSTELTUR, el presidente ejecutivo de la entidad, Gustavo Toro, contó: “Venimos luchando contra la parahotelería desde hace más de 10 años. Las plataformas han venido a exacerbar eso, pero también lo son. Se consiguió una regulación que determina que los alojamientos temporarios turísticos son prestadores de servicios turísticos y, por ende, deben estar registrados y cumplir requisitos; y que los copropietarios de propiedad horizontal deben estar de acuerdo con que sus vecinos presten alojamientos a turistas. Además, el administrador del edificio es responsable de informar irregularidades y, por supuesto, deben pagar una contribución, como todos nosotros”.

¿Por qué no funciona entonces? “Tenemos un marco regulatorio importante, pero muy difícil de aplicar, porque el ministerio no tiene la capacidad logística para controlar y los organismos estaban muy desarticulados. Con el gobierno de Iván Duque hemos logrado que se sienten juntos y entablen una comunicación para efectuar la fiscalización. Además, a fines de 2018 se expidió una norma que establece que las plataformas son responsables de la retención de esos impuestos y su liquidación al Estado. Poco a poco vamos avanzando”, concluyó Toro.

Brasil, en manos de la Justicia

En Brasil, la lucha contra estas llamadas “economías colaborativas” (por sus defensores) o “intermediarios de alojamientos informales” (por sus detractores) se judicializó.

En ese país, donde Airbnb cuenta con más de 250.000 anuncios y unos 3,7 millones de huéspedes por año, un grupo de vecinos de Porto Alegre presentó una demanda que está poniendo en jaque a la empresa, la cual desembarcó en 2012.

Ahora, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) comenzó a juzgar la legalidad de los alquileres en edificios a través de este tipo de plataformas. Pero, en verdad, lo que debe definir es si la comunidad de vecinos del condominio puede o no prohibir a un propietario el arrendamiento de su inmueble a través de la aplicación, una decisión que podría sentar jurisprudencia para otros casos.

Mientras tanto, el gobierno de Jair Bolsonaro no ha dado señales todavía de cuál es su postura el respecto, pero todo parece indicar que, por el momento, no existe vocación de regulación en la materia.

Javier Lyonnet y Rolando Klempert Izaguirre

Redacción HOSTELTUR Latam

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