El Gobierno español quiere que aerolíneas, aeropuertos y usuarios paguen parte de las nuevas medidas de seguridad

El Gobierno español es partidario de que las nuevas medidas de seguridad europeas que se implantarán en el transporte aéreo no sean financiadas al cien por cien con dinero público, sino que participen en los costes todos los actores del sector, aeropuertos, aerolíneas y usuarios, cada uno "en la parte proporcional que corresponda", según dijo el subsecretario del Ministerio de Fomento, Adolfo Menéndez.

El Gobierno español es partidario de que las nuevas medidas de seguridad europeas que se implantarán en el transporte aéreo no sean financiadas al cien por cien con dinero público, sino que participen en los costes todos los actores del sector, aeropuertos, aerolíneas y usuarios, cada uno "en la parte proporcional que corresponda", según dijo el subsecretario del Ministerio de Fomento, Adolfo Menéndez. "No puede ser que el 11 de septiembre rompa las normas de funcionamiento del mercado", declaró Menéndez en un Consejo de Ministros de Transporte de la UE que se celebró ayer en Luxemburgo y añadió que esto "no quiere decir repercutir todo a los ciudadanos", al tiempo que dijo que el Gobierno no entiende cómo las compañías aéreas suben los billetes y, al mismo tiempo, piden que no se suban las tasas aeroportuarias. En la reunión, los responsables de los Quince analizaron las propuestas de la comisaria Loyola de Palacio para aumentar la seguridad aérea tras los atentados contra Estados Unidos el 11 de septiembre, así como para apoyar a las compañías económicamente, y la creación del cielo único europeo. De Palacio se ha mostrado a favor de que las medidas de seguridad sean financiadas por las autoridades públicas. Sin embargo, Menéndez manifestó que si todos los costes de seguridad se pagan con dinero público, los ciudadanos acabarán pagándolo a través del déficit. Otros países de la UE, como Holanda, se manifestaron a favor de una financiación mixta de las medidas. Además, el Gobierno español considera que las nuevas medidas de seguridad en el seno de la UE no tendrán gran repercusión económica, porque España "desafortunadamente, tiene experiencia en seguridad". Menéndez explicó que muchas de las medidas propuestas por De Palacio supondrán sólo una "potenciación" de lo que ya se hace en los aeropuertos españoles. En cuanto a las medidas de apoyo económico, el responsable de Fomento dijo que con ellas no se debe cubrir "ineficiencias" que no estén relacionadas con los ataques del 11 de septiembre, sino apoyar la consolidación del sector para que pueda hacer frente a este tipo de situaciones. A su juicio, el sector "no está en una situación de crisis, sino de dificultades puntuales que hay que atender". Según sus datos, el transporte aéreo crecerá este año un 4 por ciento, en lugar del 5 por ciento previsto inicialmente. Por ello, para mantener las condiciones de competencia, España quiere limitar las indemnizaciones que podrán recibir las compañías aéreas a las pérdidas sufridas por el cierre del espacio aéreo estadounidense entre el 11 y el 14 de septiembre. Menéndez dijo no tener datos finales sobre las pérdidas sufridas por las tres mayores compañas españolas, Iberia, Spanair y Air Europa. Respecto a la propuesta de la Comisión de que las aerolíneas no pierdan, para el verano que viene, los derechos de vuelo ("slots") no utilizados a causa de la actual situación, el Gobierno quiere que esto se limite a la próxima temporada de verano, no al invierno 2002-2003. Francia, Italia e Irlanda son partidarios de prolongar esta medida, y también de conceder compensaciones a las compañías por más de cuatro días. Menéndez argumentó que la mejor manera de dar servicios al usuario es permitir que otras aerolíneas utilicen las franjas de vuelo y las rutas que una compañía abandona. Por otro lado, el responsable de Fomento anunció que ha pedido que el reglamento presentado por la Comisión sobre medidas de seguridad aérea incluya las "cláusulas Gibraltar", según las cuales las normas no se aplicarán al aeropuerto de Gibraltar hasta que entre en vigor el acuerdo hispano-británico de 1987 sobre gestión compartida de las instalaciones. Madrid y Londres ya han llegado a un principio de acuerdo para incluir las cláusulas en la propuesta de "cielo único europeo". 

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