La orden de retirar 53.800 viviendas turísticas genera alarma en el sector

"Lejos de la realidad, estas viviendas no han perdido su licencia turística autonómica. La mayoría cuenta con autorización legal otorgada por la Junta de Andalucía y lleva años operando bajo la normativa autonómica vigente", señala dicha asociación empresarial.

“Lo que ha ocurrido es que, debido a los fallos del Registro Digital Único y la falta de criterios claros de los registradores, muchos de estos inmuebles no han podido obtener aún su Número de Registro de Alquiler (NRA). Pretender convertir este problema técnico y administrativo en una ‘ilegalidad masiva’ es un intento de manipulación de la opinión pública intolerable”, indica la patronal de viviendas turísticas de Andalucía (AVVAPRO).

Según señala la entidad, "la retirada de licencias turísticas no es competencia del Ejecutivo central, sino de las Comunidades Autónomas. El intento del Gobierno de Pedro Sánchez de arrogarse esta potestad constituye una invasión flagrante de competencias y un desafío directo al marco constitucional".

Desde la asociación también se recuerda que la Junta de Andalucía, junto con otras tres comunidades autónomas y dos asociaciones, ya ha impugnado el Real Decreto 1312/2024 que regula el Registro Único, precisamente por esta extralimitación. "Cabe preguntarse qué ocurrirá si los tribunales estiman su nulidad", añade la entidad.

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AVVAPRO: "Es un golpe a la economía y a la imagen internacional de España"

La asociación considera la acción del Gobierno, al "señalar como 'ilegales' a miles de viviendas con licencia autonómica, es un ataque al motor económico de Andalucía y de España. En provincias como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada, el turismo de corta duración sostiene decenas de miles de empleos y genera un impacto decisivo en la actividad económica. Dañar la imagen internacional de España como destino turístico es una irresponsabilidad que pagarán trabajadores, familias y empresas andaluzas".

Asimismo, la entidad considera que "el Ejecutivo de Pedro Sánchez desvía la atención del problema real: la falta de vivienda de nueva construcción frente a una altísima demanda, ya que en los últimos 14 años nunca se han llegado a construir más de 100 mil viviendas por año, ante un crecimiento de la población de modo sostenido los últimos años por encima de los 700.000 habitantes anuales. El desfase es tan desproporcionado que cualquier intento de desviar la atención es inútil".

Apartamentos turísticos en Almuñécar, Granada. Fuente: Adobe Stock

Conflicto en los tribunales

La patronal andaluza de vivienda turística destaca además que el Real Decreto 1312/2024 está impugnado por cuatro comunidades autónomas y dos asociaciones sectoriales.

"Pretender aplicar sanciones o 'cancelaciones masivas' mientras la norma está recurrida en los tribunales genera una inseguridad jurídica inaceptable y coloca a miles de familias y empresas en una situación de incertidumbre injustificada", sostiene la asociación.

“Pedro Sánchez trata de manipular a la ciudadanía cuando habla de 53.000 viviendas ilegales: la realidad es que está atacando a Andalucía, a sus competencias y a un sector que es clave para nuestra economía. Retirar anuncios de las plataformas no equivale a retirar licencias. Por ello, AVVAPRO exige respeto a las competencias autonómicas y apoyo al sector que cumple con la ley”, destaca la entidad.

Por otro lado, "a diferencia de lo que alega el Gobierno central, muy pocas viviendas se trasladarán al mercado del alquiler habitual o larga temporada, ya que solo el 37% de las VUT inscritas se destinan en exclusiva a régimen vacacional. El resto son segundas residencias que se explotan cuando sus dueños no las usan o durante vacaciones. De ese 37% de propietarios, la inmensa mayoría optará por dejar la vivienda vacía por el altísimo riesgo de impagos provocados por la eminentemente fallida Ley de Vivienda".

AVVAPRO es una organización integrada por empresas, profesionales y propietarios dedicados a la gestión de viviendas y apartamentos turísticos en Andalucía. La asociación ostenta la representación, a través de sus miembros, de 15.000 viviendas y apartamentos turísticos y cerca de 72.000 plazas de alojamiento repartidas en toda Andalucía.

La patronal de viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana también denuncia la situación

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turísticos de la Comunitat Valenciana (Aptur CV), Silvia Blasco, ha considerado “una persecución a la oferta legalmente establecida en cada comunidad autónoma” el último comunicado del Ministerio de Vivienda en el que se notifica que 7.499 pisos turísticos son ilegales en la Comunitat y se pide a las plataformas que los comercializan que retiren sus anuncios.

Se trata de viviendas que han solicitado número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido por no cumplir con los requisitos legales y constan como revocados. Sin embargo, Blasco ha opinado que el Ministerio “confunde revocación o falta de subsanación de datos con ilegalidad y eso, judicialmente, es incorrecto. Ninguna solicitud incompleta equivale a que un negocio sea ilegal", ha argumentado.

En declaraciones a EFE, la presidenta de Aptur CV ha expresado el malestar del sector, que se siente agraviado, y ha indicado que “ninguna vivienda que no fuera legalmente registrada iría al censo estatal a inscribirse como vivienda de uso turístico. No tiene ningún sentido”.

En algunos casos, el hecho de que la petición no haya podido ser tramitada de forma presencial por encontrarse el propietario en el extranjero y no tener firma digital ha supuesto su revocación porque no se ha admitido que la presentara un representante en su nombre, según Blasco, quien ha subrayado: "Hasta que no venga en persona, la solicitud no puede completarse, pero eso no convierte la vivienda en ilegal”.

Ha recordado que los requisitos legales de un registro de la propiedad “nada tienen que ver" con los de la normativa autonómica, que es la competente para ordenar el turismo y sus modalidades alojativas, y ha acusado a la administración central de no haber tenido en cuenta a las comunidades autónomas “a la hora de elaborar el Real Decreto para establecer la ventanilla única donde debemos inscribirnos”.

Para el sector de los apartamentos turísticos, la normativa estatal “criminaliza administrativamente a decenas de miles de familias sin resolución firme ni procedimiento garantista”.

También aduce que los requisitos del registro estatal son “tan rígidos” que consiguen que “lo que es de obligado cumplimiento se convierta en imposible cumplimiento”.

La presidenta de Aptur CV ha lamentado que lo que “inicialmente" el sector pensaba que "era para combatir la ilegalidad” se haya erigido en una normativa que “está yendo a por lo estrictamente legal dentro de cada comunidad autónoma”