La Organización Europea de Tiempo Compartido denuncia a siete empresas de Málaga y Canarias por competencia desleal

La Organización Europea de Tiempo Compartido (OTE) en España ha denunciado a cuatro empresas que operan en la Costa del Sol y a tres que lo hacen en Canarias por incurrir en competencia desleal. Según informó a Europa Press el presidente de OTE España, Ole Sigurdsson, la denuncia se presentó a finales del mes de noviembre en Málaga, después de recopilar información durante algo más de un año. Sigurdsson se refirió a que estas empresas, de las que no quiso precisar los nombres, venden tiempo compartido por un periodo inferior a los 36 meses, lo que hace que sus compradores no tengan derecho a acogerse a un periodo de reflexión de diez días para replantearse su compra. Y es que, en esta Ley, que está en vigor desde 1999, se recoge que la compra de tiempo compartido se produce para un periodo que oscila entre los tres y los 50 años. Sin embargo, hay empresas --como las que han sido denunciadas por la OTE-- que venden tiempo compartido para un periodo de 35 meses, de modo que "esquivan a la ley". "De este modo el cliente no tiene los tres días de reflexión que marca la ley, y pueden pagar depósito directamente al vendedor, lo que es un abuso de la ley", argumentó Sigurdsson. Este no es el único fraude detectado por el sector del tiempo compartido en estas provincias en los últimos meses. De hecho, también se han producido estafas a usuarios de estos servicios por parte de empresas que dicen dedicarse a la reventa de derechos. Estas empresas llaman a propietarios de tiempo compartido, diciéndoles que tienen compradores para el tiempo que ellos ya han adquirido y que están dispuestos a pagar "precios desorbitantes". A cambio, les piden un adelanto que puede llegar hasta las 160.000 pesetas (961,62 euros) para realizar trámites legales, pero los usuarios se encuentran con que, después de abonar esta cantidad, no vuelven a saber nada más sobre la empresa, que normalmente carece de número de identificación fiscal y de domicilio conocido, lo que propicia que pueda desaparecer. Precisamente, la pasada semana se conoció que la Policía investiga un fraude de este tipo en Málaga y Tenerife que podría llegar hasta los 30.000 millones de pesetas (180,3 millones de euros). La OTE se puso en contacto recientemente con ayuntamientos de la Costa del Sol y Tenerife y con la Junta de Andalucía para informarles sobre esta práctica ilegal, que afecta fundamentalmente a ingleses, alemanes, franceses e italianos. Además, la OTE pidió a los consumidores de tiempo compartido que "desconfíen" de las empresas que los llaman a sus domicilios para ofrecerles revender sus derechos por un precio elevado, pues éste "no es un producto inmobiliario que se va revalorizando". La OTE está "preparando un informe" para presentar ante la Policía en el que se detallan empresas denunciadas por los consumidores por este asunto.