El sector del tiempo compartido pide a los municipios turísticos que regulen la venta de este servicio en las calles

El presidente de la Organización Europea de Tiempo Compartido en España, Ole Sigurdsson, mostró la necesidad de que los municipios turísticos españoles regulen la venta del "time-sharing" en sus calles para que así se pueda "normalizar" esta actividad. Según indicó Sigurdsson a Europa Press, las ordenanzas aprobadas por los municipios malagueños de Benalmádena y Fuengirola son modelos que se pueden extender al resto de las zonas españolas en las que se desarrolla esta actividad. Concretamente, en el caso de Fuengirola, esta ordenanza está en vigor desde finales de 2000, y obliga a las empresas dedicadas a esta actividad turística a solicitar en el Ayuntamiento una licencia, que será trimestral y se concederá "tanto a entidades que demuestren cierta seriedad como a empresarios individuales que sean autónomos". Las licencias tendrán un coste de 1.500 pesetas (9,02 euros) por vendedor y día, a lo que habrá que sumar la cantidad de 1.000 pesetas (6,01 euros) en concepto de tasas de expedición de tarjetas identificativas. La ordenanza municipal limita las zonas de la vía pública en las que se puede ejercer esta actividad, prohibiéndola en las playas, mercadillos, oficinas de turismo, establecimiento turísticos y terrazas instaladas en la vía pública. Además, se limita la venta de multipropiedad a menos de 25 metros de los accesos a los edificios públicos y las terminales de transporte. El documento exige que los vendedores estén uniformados y que lleven un logotipo de la empresa a la que pertenecen en un lugar visible. El Ayuntamiento realizó esta normativa con una comisión paritaria en la que estaban representadas empresas del sector, tales como RCI, Interval International o CLC Management Services, así como la patronal del sector, OTE. Todas las sanciones que imponen esta ordenanza son de carácter leves, con multas de 50.000 pesetas (300,51 euros), aunque la acumulación de tres leves significará una multa de 65.000 pesetas (390,66 euros) y la reiteración de tres graves hará una sanción muy grave, que se penalizará con 75.000 pesetas (450,76 euros) e incluso el decomiso de todo el material que posee el vendedor. Desde el Ayuntamiento de la localidad se indicó en el momento de ser aprobada que esta ordenanza tenía "la intención es castigar el acoso de los vendedores a los turistas", al considerar que el "futuro pasa por integrar el tiempo compartido en la oferta turística".