España: La Cámara de Comercio de Baleares está dispuesta a colaborar en promoción turística

Publicada 04/10/02
España: La Cámara de Comercio de Baleares está dispuesta a colaborar en promoción turística
La Cámara de Comercio considera imprescindible dar un impulso a la promoción turística de cara a la temporada 2003 y se muestra dispuesta a colaborar con el Ejecutivo autonómico, aunque cualquier iniciativa deberá de ser aprobada por su comisión de Turismo. «Consideramos necesario impulsar campañas de promoción enormemente potentes en los mercados emisores», afirmó el presidente de la Comisión de Turismo, Ferran Porto, quien matizó que «la capacidad económica de la entidad cameral es limitada».
La Cámara de Comercio considera imprescindible dar un impulso a la promoción turística de cara a la temporada 2003 y se muestra dispuesta a colaborar con el Ejecutivo autonómico, aunque cualquier iniciativa deberá de ser aprobada por su comisión de Turismo. «Consideramos necesario impulsar campañas de promoción enormemente potentes en los mercados emisores», afirmó el presidente de la Comisión de Turismo, Ferran Porto, quien matizó que «la capacidad económica de la entidad cameral es limitada». El presidente de la Cámara de Comercio, Miquel Lladó, presentó ayer un estudio que pretende «dotar de seguridad jurídica» a las relaciones contractuales entre los operadores turísticos, «dada la ausencia de normas y leyes específicas que las regulen», añadió Apolonia Martínez, profesora de Derecho Mercantil de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y coordinadora del trabajo. El informe evalúa las principales características y especificidades de los contratos interempresariales turísticos más habituales en Balears: el contrato de cupo o de reserva de plazas de alojamiento, suscrito entre el touroperador y el hotelero; el contrato de chárter aéreo, entre aerolínea y mayorista; y los contratos de transporte turístico, referentes al sector del transporte discrecional para desplazamientos y excursiones internas de los turistas. Tanto Martínez como Lladó explicaron que este informe pretende «facilitar el trabajo al juez en caso de un posible litigio entre este tipo de empresas», aunque admitieron que los conflictos entre los operadores turísticos suelen resolverse en el ámbito privado y no en los juzgados. Dada la ausencia de regulación específica, Martínez dijo que los litigios deben resolverse mediante la interpretación del contrato, por lo que consideró necesario clarificar a los jueces las cláusulas y términos específicos del sector.
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