Diario 5328 21.07.2018 | 06:00
Hosteltur: Noticias de turismo
La capital gala es el primer destino del mundo para la plataforma

Airbnb y el Ayuntamiento de París “recordarán” a los anfitriones que tienen que cumplir la ley

El incumplimiento de la normativa puede suponer multas de hasta 25.000 € por vivienda 1 abril, 2016

Airbnb ha dado un paso más en su colaboración con el Ayuntamiento de París para promover una economía colaborativa “responsable” y ayudar a que esta actividad no tenga un impacto negativo en la disponibilidad y los precios de la vivienda en la capital gala, primer destino del mundo para la plataforma, tanto en número de huéspedes como de anfitriones, a los que “recordará” que tienen que cumplir con la normativa local. Airbnb ya recauda la tasa turística en París desde el pasado 1 de octubre, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo.

Airbnb y el Ayuntamiento de París han seguido trabajando desde entonces, especialmente desde que en noviembre el Airbnb Open reuniera a 5.000 anfitriones en la capital gala (‘Airbnb llama a la movilización de los anfitriones para legalizar su actividad’), en nuevas medidas para asegurarse de que la legislación local que atañe a la economía colaborativa sea entendida y cumplida por sus actores.

Así, a partir de la próxima semana cualquier persona que alquile su casa más de cuatro meses o su segunda residencia, recibirá una carta del Ayuntamiento de París a través de Airbnb recordándoles que tienen que cumplir con la normativa local. Además, esta normativa estará más visible en la web de la plataforma.

Se abre así una fase piloto de cuatro meses tras la cual ambas entidades evaluarán el impacto de estas acciones observando el incremento de las solicitudes de cambio de uso y cualquier cambio en el número de viviendas que son alquiladas más de 120 días al año vía Airbnb. El sistema se reforzará con medidas complementarias si es necesario.

Se ha puesto en marcha una fase piloto de cuatro meses para comprobar si los anfitriones parisinos cumplen con la legislación vigente.Se ha puesto en marcha una fase piloto de cuatro meses para comprobar si los anfitriones parisinos cumplen con la legislación vigente.

Como ha destacado Jean-François Martins, teniente de alcalde de Turismo y Deportes, “el alquiler vacacional es una gran oportunidad para mostrar lo mejor de París y promover las oportunidades económicas de los parisinos, pero no puede ser a expensas de una vivienda asequible. Doy la bienvenida por tanto a los compromisos alcanzados con Airbnb, que representan un paso más en un alquiler de corta duración más responsable, complementando proyectos ya implantados como la recaudación de la tasa turística. Ahora otras compañías y agencias inmobiliarias han de adoptar acciones similares para crear un movimiento común. Las grandes capitales internacionales deben jugar un papel clave en estas regulaciones”.

Por su parte Nicolas Ferrary, responsable de la plataforma en Francia, ha señalado que “con esta colaboración Airbnb y el Ayuntamiento de París continuarán trabajando juntos para dar la bienvenida a más huéspedes en los hogares de los parisinos, ofreciéndoles experiencias locales y auténticas, mientras se mantienen las viviendas asequibles para los habitantes de la ciudad”.

Normativa en París

París está incrementando el número de viviendas asequibles para todos los parisinos, al mismo tiempo que se mantiene como destino preferido de los viajeros. Para conservar este equilibrio se ha reforzado la normativa aplicable a los alquileres de corta duración.

Los propietarios pueden alquilar su casa por un máximo de cuatro meses al año sin tener que seguir ningún proceso administrativo específico. Para los inquilinos es suficiente con obtener la aprobación de su casero, siempre que no sean viviendas de interés social, que no pueden subarrendarse.

Todo aquél que quiera alquilar su vivienda por más de cuatro meses al año debe solicitar un permiso de cambio de uso, sujeto a condiciones y regulaciones específicas.

El incumplimiento de esta normativa expone al propietario a multas de hasta 25.000 euros por vivienda y de 1.000 euros diarios. El Ayuntamiento de la capital ha reforzado las inspecciones y dirige diariamente comprobaciones por parte de oficiales jurados que identifican y multan los posibles abusos.

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