Diario 5764 12.12.2019 | 09:08
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Edición España. Por la compra de dos hoteles

La Audiencia de Palma juzgará por presunta estafa a los Ruiz-Mateos en mayo

La Fiscalía solicita siete años de prisión para los seis hermanos 8 febrero, 2017
  • La Audiencia de Palma juzgará en mayo a los seis hermanos Ruiz-Mateos por la presunta estafa en la compra de los hoteles Beverly Playa y Beverly Park de Maspalomas
  • La Fiscalía reclama seis años de cárcel para cada uno de los hijos de José María Ruiz-Mateos
  • El caso es por presunta estafa agravada e insolvencia punible por impago de unos 7,3 millones

La sección primera de la Audiencia de Palma juzgará en mayo a los seis hermanos Ruiz-Mateos por la presunta estafa en la compra de los hoteles Beverly Playa de Paguera (Mallorca) y Beverly Park de Maspalomas (Gran Canaria).

Este miércoles se ha celebrado una vista con los letrados representantes de todas las partes involucradas en el proceso en la que el tribunal ha acordado señalar el juicio para los días 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 30 de mayo.

El juicio, en el que están acusados José María, Javier, Zoilo, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos, se había fijado inicialmente para el 28 de febrero, pero una de las partes solicitó el cambio de fecha.

La Audiencia de Palma juzgará por presunta estafa a los Ruiz-Mateos en mayoLa Audiencia de Palma juzgará por presunta estafa a los Ruiz-Mateos en mayo


El caso es por presunta estafa agravada e insolvencia punible por impago de unos 7,3 millones de euros en la operación de compra de los dos hoteles.

La Fiscalía solicita siete años de prisión para los seis hermanos, directivos de Nueva Rumasa, porque considera que aparentaron una solvencia inexistente para que los dueños les vendieran su participación en las sociedades propietarias de los dos establecimientos.

Presentaron garantías y avales personales "inveraces" y una vez obtenida la entrega de los hoteles no pagaron el precio de adquisición de 11,7 millones, que nunca tuvieron intención de abonar, e inmediatamente hipotecaron los inmuebles e hicieron desaparecer los fondos obtenidos, recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

La compraventa se formalizó en diciembre de 2008, pero después de obtener los hoteles y de hipotecarlos, no destinaron los fondos a pagar el precio ni a la actividad de los establecimientos hoteleros, sino que lo desviaron a beneficio particular.

El ministerio público calcula que los acusados recibieron una suma cercana a 81 millones de euros utilizando los hoteles como garantía. Solo atendieron los vencimientos de pagarés durante un año y 4 meses, de manera que desde abril de 2010 no han vuelto a pagar nada.


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