Cuatro plataformas retiran los pisos sin número de registro de Cataluña
Publicada 10/01/19 -Actualizada 05/02/19 02:00h
Las viviendas turísticas de Cataluña que no tienen número de registro oficial han sido retiradas de la oferta de la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT), formada por los portales HomeAway, Rentalia, Spain-Holiday.com y Niumba. La PAT no incluye sin embargo a la principal plataforma del mercado, Airbnb, que no parece mostrar una actitud tan colaboradora. De hecho, en octubre vio como se aceptaba una demanda colectiva contra ella presentada por parte de sus propios anfitriones, como publicó HOSTELTUR.
La PAT, que agrupa a más de 47.000 viviendas vacacionales de Cataluña, ha explicado en un comunicado que ha acordado con la Generalitat que las cuatro plataformas integrantes implementarán medidas destinadas a evitar promocionar en su web aquellos alojamientos que no dispongan del número de registro exigido por la normativa autonómica.
La asociación, fundada el pasado mes de junio, recalca que "este ofrecimiento pone de manifiesto la voluntad de la PAT de trabajar con las administraciones públicas, al igual que ha hecho con la Generalitat, para ofrecer la máxima calidad de los alojamientos y aportar la máxima transparencia al sector del alquiler vacacional”.
La presidenta de la organización, Almudena Ucha, ha subrayado que "retirar la oferta de viviendas turísticas sin número de registro en Cataluña es la muestra de nuestro compromiso con la promoción de un turismo responsable".
Ha añadido que "desde la PAT, seguiremos implementado medidas conjuntas encaminadas a normalizar la oferta existente, como estamos haciendo en otras autonomías como la Comunidad Valenciana".
Denunciada por los anfitriones
Esta predisposición de los portales que integran la PAT contrasta con la posición ambigua de Airbnb, que si bien accedió el pasado mes de mayo a dar datos de sus anfitriones al Ayuntamiento de Barcelona, en octubre se admitió a trámite una demanda colectiva contra ella.
La denuncia partió de la Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb (Acaba), integrada por un centenar de propietarios de pisos que habían sido multados por las autoridades locales por alquilar su vivienda a través de la plataforma.
Los propietarios acusan a Airbnb de actuar "induciéndolos a incumplir la ley en beneficio propio y a sabiendas de su ilicitud", al dar a entender que podía alquilarse la residencia habitual de forma turística sin la correspondiente habilitación.
Según los datos de Acaba, en menos de dos años, hasta 5.077 usuarios de Airbnb han sido multados por el Ayuntamiento de Barcelona, que ha impuesto más de 2.500 sanciones por importes de 30.001 euros y otras 2.577 por importes de 60.001 euros.
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