Diario 5510 19.02.2019 | 03:19
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El Ayuntamiento de Barcelona le denegó la licencia de obras

Hotel de Drassanes: calculan en 41 M € la indemnización para los promotores

16 marzo, 2018
  • El freno al proyecto hotelero de Praktik en las Drassanes podría costarle al Ayuntamiento de Barcelona hasta 40,9 millones de euros de indemnización.
  • El Ayuntamiento de Barcelona denegó la licencia al establecimiento de Drassanes pese a contar con un informe técnico favorable
  • Los promotores del proyecto han presentado siete recursos contenciosos y una querella contra la concejal de Urbanismo, Janet Sanz por la denegación de la licencia

El Ayuntamiento de Barcelona podría tener que hacer frente a una indemnización de casi 41 millones de euros por paralizar el hotel que el grupo Praktik quería llevar a cabo en Drassanes. Así lo refleja un informe encargado por el distrito de Ciutat Vella para calcular la compensación a los propietarios.

Según publica La Vanguardia, el despacho Taller d'Arquitectura i Urbanisme de Pere González Nebreda, cuantifica en 40,9 millones la indemnización por la denegación de la licencia de obras en caso de que el suelo se catalogue como no edificable mientras que la cifra se rebaja a 36,7 millones si se permite construir vivienda de protección oficial, y a 24,5 millones si se otorga licencia para levantar viviendas libres. Por su parte los promotores del proyecto elevan a 63 millones el perjuicio por el ‘no’ del consistorio.

Hotel de Drassanes: calculan en 41 M € la indemnización para los promotoresHotel de Drassanes: calculan en 41 M € la indemnización para los promotores

Si se indemniza o no a los propietarios del solar y cuánto lo decidirán los tribunales, donde los impulsores del establecimiento han presentado siete recursos contenciosos y una querella contra la concejal de Urbanismo, Janet Sanz.

Pese a contar con un informe favorable por parte de los servicios técnicos municipales el verano pasado Janet anunciaba que el consistorio no otorgaría la licencia para construir el hotel de lujo escudándose en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anuló el plan de usos de Ciutat Vella aprobado en el mandato anterior en 2013 que permitía hacer dicho establecimiento.

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