Efecto de la crisis

La economía sumergida se dispara hasta el 24,6% del PIB

En España hay 253.000 millones de euros ocultos

Publicada 29/01/14
La economía sumergida se dispara hasta el 24,6% del PIB

El tamaño de la economía sumergida en España aumentó en 60.000 millones de euros durante el período de crisis 2008-2012, hasta situarse en el 24,6% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos, según un informe presentado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El informe "La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis", ha sido dirigido por el profesor Jordi Sardà de la Universitat Rovira i Virgili.

Según se desprende de este estudio, el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB.

Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.

"Este importante incremento se debió en gran medida al efecto arrastre provocado por boom inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera", según explica Gestha.

"Al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro –triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012–, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial", añaden los técnicos de Hacienda.

"Además, a estos factores se sumó uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco".

Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe un "grave problema de moralidad" con el pago de impuestos, "lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura defraudadora no está tan enraizada".

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Brecha entre provincias

En un análisis territorial, "el mayor aumento del fraude se registró en aquellas autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León".

En el lado contrario se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo que va del año 2000 al 2012.

En cualquier caso, según destaca Gestha, "la crisis ha contribuido a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1 puntos de 2012".

"Esto demuestra, según el informe, que la época de vacas flacas ha golpeado a cada territorio según su estructura económica, más débil cuanto menos industrializada y carente de inversión empresarial".

Medidas para reducir la economía sumergida

Gestha propone, entre otras medidas, "conocer la verdadera dimensión del fraude a través de estudios oficiales realizados por entidades independientes, algo que hasta ahora no encargó ningún gobierno".

Estos estudios servirían para llevar a cabo una "lucha contra el fraude realista, poniendo el foco en las actividades que sí pueden aflorar del mercado negro", insisten los técnicos de Hacienda.

Además, los técnicos exigen una mayor y mejor coordinación entre la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y las Haciendas autonómicas, creando una base de datos fiscales única, así como una mayor dotación de recursos y personal y mayor autonomía de trabajo.

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