Tendría que entrar en vigor el próximo 31 de diciembre

CEHAT pide que se aplace 18 meses la directiva de pagos online

Los hoteleros solicitan el aplazamiento a Maroto ante la difícil situación que atraviesa el sector por la pandemia

Publicada 01/12/20 -Actualizada 25/12/20 02:24h
CEHAT pide que se aplace 18 meses la directiva de pagos online

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha pedido a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que aplace dieciocho meses la aplicación de la directiva europea de pagos online.

La Directiva Europea PSD2 2015/2366 sobre servicios de pago en el mercado interior, que debía entrar en vigor el 14 de septiembre del 2019 hasta que la Unión Europea la aplazó hasta el 31 de diciembre de este año, busca regular los estándares de seguridad en los pagos online y obligar a la implantación sistemas de autenticación reforzada del cliente.

CEHAT ha recordado que el 35% de los consumidores europeos no tienen un smartphone con las funciones necesarias para realizar la autenticación que exigen, además de la escasa familiarización con el comercio electrónico y la escasez de inscripciones en soluciones compatibles.

Por ello, han propuesto que se alargue el tiempo de transición para evitar los impactos negativos en los consumidores y comerciantes en un momento particularmente complejo para el sector.

La directiva busca regular los estándares de seguridad en los pagos online.

La Confederación ha recordado las dificultades que atraviesan este año, ya que ahora mismo tiene el 70% de la planta alojativa cerrada. “El sector está centrando todos sus esfuerzos en garantizar una pronta recuperación frente a la crisis”, ha declarado el secretario general de CEHAT, Ramón Estalella.

En su opinión, la implementación de la directiva “no ha sido suficientemente específica y concisa en lo que se refiere a concienciación, desarrollo e implementación”.

Además de CEHAT, diferentes asociaciones europeas se han unido para crear un manifiesto a través del cual solicitan una nueva moratoria en la implementación de la directiva y el aplazamiento ha sido ya aprobado por países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Irlanda o Eslovenia.

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