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Nueve detenidos y once registros

Funcionarios de Adif cobraron sobornos en obras del AVE a Barcelona, según la Fiscalía

5 mayo, 2014

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que funcionarios de la empresa pública Adif pudieron haber recibido dinero entre las diversas presuntas irregularidades detectadas en las obras del AVE Madrid-Barcelona. Tras varios meses de investigación, la Guardia Civil ha detenido a nueve personas y realizado once registros en el marco de la operación iniciada a las 8:00 horas de este lunes, coordinada por el Juzgado de Instrucción 9 de la capital catalana.

Ante las informaciones de que la Guiardia Civil estaba registrando las sedes de Adif en Madrid y Barcelona por presunta malversación en obras del AVE y, posteriormente, que detenían a nueve personas en el mismo caso, entre funcionarios del organismo y técnicos externos, Adif y la constructora colaboran con la investigación a obras del AVE. En el caso del administrador de las infraestructuras ferroviarias, adscrito al Ministerio de Fomento, ha asegurado que viene haciéndolo desde hace casi un año, en junio de 2013; mientras que la empresa Isolux Corsán, presunta implicada en el caso, ha expresado en un comunicado su "total disposición a colaborar con la Justicia".

Estos supuestos pagos habrían sido ordenados por un directivo de la empresa contratista, Corsán, y en la presunta trama los detenidos podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental, entre otros, según un comunicado de este lunes de la Fiscalía Anticorrupción.

Funcionarios de Adif cobraron sobornos en obras del AVE a Barcelona, según la Fiscalía Funcionarios de Adif cobraron sobornos en obras del AVE a Barcelona, según la Fiscalía

Los efectivos de Guardia Civil han concluido esta mañana hacia las 6:30 horas los registros iniciados este lunes junto a fiscales anticorrupción y ordenados por la jueza instructora, Silvia López Mejías, intentando localizar documentación y cualquier indicio de los presuntos delitos que se investigan en el caso como malversación de fondos públicos, falsedad documental y sobornos en las obras del AVE Madrid-Barcelona.

Seis de los 11 registros se han hecho en las diversas sedes sociales de la empresa en Barcelona y en Madrid, en la consultora técnica externa que asiste en la dirección de obra, en Adif, así como cinco registros en domicilios particulares de los principales implicados.

Concretamente, se investiga si directivos de la empresa se concertaron con cualificados funcionarios de Adif responsables de la obra y técnicos externos "para beneficiar económicamente a dicha mercantil en perjuicio de los fondos públicos gestionados" por Adif.

Uno de los investigados es el jefe de las obras que Adif adjudicó en La Sagrera. Entre los detenidos este lunes, figura el director de la línea AVE de la zona nordeste Madrid-Barcelona-frontera francesa, Rafael Rodríguez.

Seis de los 11 registros se han llevado a cabo en las sedes sociales de ambas empresas en Barcelona y Madrid y los otros cinco, en los domicilios particulares de los principales implicados.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado en una rueda de prensa las "operaciones simultáneas en Madrid y Barcelona" por "cuestiones vinculadas con las obras del AVE años atrás", informa Europa Press. No ha querido, no obstante, dar "ningún dato en particular más allá de lo que se ha publicado" por haberse decretado el secreto de sumario.

La Guardia Civil busca este lunes en los registros documentación que pueda revelar cobros de los funcionarios de Adif, pruebas "de los artificios utilizados para falsear las mediciones y disimular después el falseamiento", así como diversa documentación oficial.

Anticorrupción calcula que los implicados generaron un sobreprecio en favor de la empresa contratista de unos 6 millones de euros y sostiene que "la propia adjudicación de la obra a la contratista pudiera haber presentado irregularidades".

Origen de la investigación

En enero, la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona presentó una querella tras una investigación de ocho meses, y ahora la causa la instruye el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, cuyas actuaciones están bajo secreto de sumario.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, la investigación se originó a partir de que una empresa de la competencia puso en conocimiento de los fiscales anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo presuntas irregularidades; entre ellas, movimientos de tierra que, por su volumen, no se pudieron haber hecho en un mismo día como figuraba en la documentación.

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