La Fiscalía pide 15 años para Díaz Ferrán y ocho para De Cabo

Díaz Ferrán y De Cabo pasan a la Sala Penal por el vaciamiento de Marsans

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha elevado el 'caso Crucero' a la Sala de lo Penal para que juzgue al ex copropietario del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, y al 'liquidador' de empresas, Ángel de Cabo, por llevar a cabo el vaciamiento del grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores, informaron fuentes jurídicas.

La Fiscalía solicita 15 años de cárcel para Díaz Ferrán, al que acusa de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal; ocho años y nueve meses para Gerado Díaz de Santamaría, hijo de Díaz Ferrán; y ocho para De Cabo. Por su parte Iván Losada, número dos de De Cabo, se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y tres meses.

El fiscal Daniel Campos acusa de delitos de alzamiento de bienes y concurso fraudulento a otras siete personas. Tanto Díaz Ferrán como De Cabo se encuentran en prisión provisional por esta causa.

Denuncia de los proveedores

Velasco ordenó la detención de nueve personas en diciembre de 2012, en el marco de la 'operación Crucero', que se inició tras una denuncia presentada en febrero de ese año por AC Hoteles, Melià, Pullmantur y Orizonia. El fiscal sostiene que Díaz Ferrán poseía, junto al fallecido Gonzalo Pascual, un grupo de sociedades cuya cabecera era Viajes Marsans y que agrupaba a otras 117 empresas, a través de Holdisan y Parihol, dedicadas al sector turístico y del transporte.

Gerardo Díaz Ferrán. Gerardo Díaz Ferrán.

Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, el grupo empresarial empezó a acumular deudas que comprometían gravemente la viabilidad, lo que desencadenó que, a partir de diciembre de 2009, el Consejo de Administración fuera sustituido por dos administradores solidarios y que pasara a venderse, en 2010, al empresario Ángel de Cabo.

La situación derivó en la salida a concurso de Viajes Marsans y otras empresas, en los que se determinó que el déficit patrimonial de la empresa superaba los 270 millones mientras que la deuda de Díaz Ferrán alcanzaba los 413 millones y la de Pascual los 313.

A plazos

Díaz Ferrán y Pascual transmitieron a De cabo la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que éste abonara cantidad alguna, si bien debía pagarles ocho millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales "con lo que podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia".

La Fiscalía acusa también a otras siete personas: la esposa de De Cabo, Consuelo Garrido (dos años y nueve meses), el hermano de éste Teodoro Garrido (4 años y 3 meses), la secretaria del empresario, Susana Mora (4 años y 9 meses), el financiero Carmelo José Estelles (6 años y 3 meses), el empresario del transporte ligado a De Cabo, Antonio García Escribano (4 años y 3 meses), el testaferro José Enrique Pardo (4 años y 3 meses) y el fiscalista Rafael Tormo (4 años y 9 meses).

 

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