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Las agencias de viajes consideran que la Bolkestein puede producir el "desprestigio" de su actividad

3 febrero, 2009
Las asociaciones de agencias de viajes y turoperadores AMAVE, UCAVE, AGAVI, AVIBE, AEVAV, AEDAV y ACAV han presentado una serie de alegaciones al anteproyecto de la directiva Bolkestein ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por considerar que su puesta en marcha puede perjudicar a los consumidores y las agencias de viajes.
Las mencionadas asociaciones consideran que "a priori, cabe decir que al abordarse la transposición mediante la elaboración de una "Ley Horizontal" no se ha tenido en cuenta las necesidades y particularidades propias del sector de las agencias de viajes". En este sentido, cabe recordar que a partir de diciembre de 2009 el ordenamiento jurídico español incluirá la Directiva europea 2006/123 CE (más conocida por el nombre de su impulsor, el comisario europeo Frits Bolkestein), que regula el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios. Con esta finalidad se está elaborando un Anteproyecto de ley que traspondrá esta Directiva al ordenamiento jurídico español. El objeto del Anteproyecto es establecer las disposiciones y principios necesarios para garantizar el libre acceso y el ejercicio de las actividades de servicios, realizadas en territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.

Falta de garantías

Ante este anteproyecto, las siete asociaciones empresariales han coincidido en señalar que consideran que "la transposición de esta Directiva a nuestro ordenamiento jurídico no va a suponer como se pretende una oportunidad para mejorar el nivel de calidad de los servicios, por lo menos en lo que hace referencia a los servicios turísticos, debido a la ausencia de mecanismos de control efectivos poco definidos en el redactado del Anteproyecto", y estiman que "la eliminación de trámites, regimenes de autorizaciones, etc. si bien facilitará el libre acceso, también contribuirá a que accedan a la prestación de servicios turísticos profesionales de toda índole, sin conocimientos ni especialización que en nada contribuirán a incrementar la calidad sino al desprestigio de la actividad desarrollada por los agentes de viajes".

Asimismo, las asociaciones de agencias creen que la liberalización que se pretende con esta normativa "pone en grave riesgo la necesaria protección de los derechos de los consumidores, usuarios de servicios turísticos", motivo por el cual consideran "imprescindible que se preserve un régimen de autorización en lo que respecta al sector de las agencias de viajes que otorgue a los consumidores seguridad en relación a los prestadores de servicios turísticos con los que contraten".

Defienden la exclusividad de las agencias

En la primera de sus alegaciones, las asociaciones señalan que "Cualquier prestador de servicios de la UE que quiera prestar servicios propios de las agencias de viajes en España deberá limitar su actividad de forma exclusiva al ejercicio de las actividades que son propias del sector de las agencias de viajes. En este punto, el Anteproyecto descarta cualquier posibilidad de que se pueda obligar a los prestadores de servicios al ejercicio de una única actividad de forma exclusiva. Asimismo en relación al establecimiento donde se establezca, dicho prestador de servicios consideramos que debe estar destinado sólo, única y exclusivamente a la actividad de agencias de viajes".

Y también consideran que la simplificación administrativa "si bien reduce las trabas burocráticas para el ejercicio de una actividad de servicios, no establece mecanismos de control en relación a posibles prestadores de servicios que estén actuando de forma intrusa", y que, en relación a los regímenes de autorización, las asociaciones de agencias consideran que debe mantenerse el régimen de autorización para el establecimiento de una agencia de viajes en España "como un mecanismo de control a los prestadores de servicios de agencias de viajes que quieran establecerse en España en aras a una debida protección de los consumidores".

Las asociaciones finalizan sus alegaciones mostrando su "inquietud" ante la no mención en el redactado de la capacidad sancionadora de la administración española en los casos de incumplimientos de los prestadores de servicios diferentes de la obligación de información. "Se trata de una clara indefensión de los consumidores que podrían tener que recurrir al país donde esté establecido el prestador en casos por ejemplo de incumplimiento contractual o quiebra".

Mesquida tranquiliza al sector

En este sentido, cabe recordar las declaraciones (clique aquí) que a este respecto hizo a HOSTELTUR el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, asegurando que "no se va a permitir que una empresa que venga de fuera no cumpla ciertos requisitos".

Por otro lado, además de las alegaciones realizadas por estas siete asociaciones, cabe mencionar también la postura de AEDAVE (clique aquí) que defiende la unificación del mercado español de cara a esta futura normativa. Por su parte, desde FEAAV inciden en la necesidad de que la transposición de la Directiva no represente una merma en la calidad del servicio que recibe el consumidor.

José Manuel de la Rosa (josemanuel.delarosa@hosteltur.com)

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