Berlín enfrenta los alquileres vacacionales con un registro y sanciones

Las autoridades dispondrán de un plazo máximo de dos años para gestionar el permiso, aunque se podrá ejercer dicha actividad a los 14 meses de iniciar el proceso si la administración no ha tomado aún una decisión al respecto.

El gobierno berlinés busca simultáneamente aliviar el grave problema de vivienda que sufre la ciudad -que recibe cada año cerca de 40.000 nuevos vecinos-, una situación que comparte con otras grandes urbes alemanas como Múnich o Hamburgo. "Las viviendas son para vivir en ellas", ha subrayado el responsable de Planificación Urbana y Medioambiente de la ciudad-estado, Andreas Geisel.

Su departamento espera recuperar para el mercado de alquiler cerca de 12.000 viviendas, es decir, aproximadamente un 1,5 % del total de 1,9 millones de hogares en la capital alemana, según cálculos de la revista Focus.

La Asociación de Inmobiliarias de Berlín (BFW) cuestiona estas cifras y estima que la repercusión a corto plazo será de un 0,7 %, "un porcentaje ridículo", según manifestó al diario Berliner Zeitung, su vicepresidente, Bernd Strehlow, que estimó que se podría poner en peligro el modelo de alquiler turístico en la ciudad.

El gobierno berlinés, formado por una coalición entre socialdemócratas (SPD) y democristianos (CDU), rechaza que el turismo se vaya a ver afectado, ya que la oferta hotelera, a su juicio, es suficiente.

Según las cifras facilitadas por Airbnb, alrededor de 20.000 berlineses ofrecieron el año pasado alojamiento a turistas a través de su plataforma y unas 568.000 personas encontraron cama en la capital alemana en la misma página. Y un "anfitrión tipo" ganó alrededor de 1.800 euros en todo el año, ya que casi tres cuartas partes de los alojamientos ofrecidos estuvieron alquilados menos de 90 días.

Según la Administración de Berlín, hasta el momento, hay 6.300 viviendas que han solicitado el permiso, de las alrededor de 23.000 que fueron detectadas el año pasado, tras analizar diversas plataformas de internet. Las autoridades investigan 1.200 apartamentos que podrían estar en situación irregular y otras 2.800 casos denunciados por la población.

La nueva ley entró en vigor el 1 de mayo de 2014 aunque contemplaba un periodo de transición de dos años para buscar inquilinos estable o para solicitar el permiso para ofrecerlas como apartamentos turísticos.