Bruselas investigará la eliminación de los vuelos domésticos en Francia
Publicada 22/12/21 -Actualizada 15/01/22 02:09h
La Comisión Europea (CE) anuncia la apertura de una investigación al proyecto de eliminación de los vuelos domésticos de Francia en los casos en que existe una alternativa de trayecto en tren de menos de dos horas y media, una decisión que, en su día, se convirtió en una medida emblemática en la lucha contra el cambio climático en el país. Bruselas "ha decidido realizar un análisis en profundidad del expediente, y abrirá un diálogo formal con las autoridades francesas, al final del cual tomará una decisión”, según Stefan De Keersmaecker, uno de los portavoces del Ejecutivo comunitario. El pasado 17 de noviembre, las autoridades francesas notificaron su decreto a Bruselas. Los aeropuertos franceses y algunas de las aerolíneas han pedido al Ejecutivo europeo que deje sin efecto la disposición prevista en la reciente Ley del Clima francesa.
De Keersmaecker ha precisado, además, que se trata de un trámite procesal que no prejuzga la decisión final de prohibir o no la medida. “Teníamos entendido que las autoridades francesas pretenden implementar esta suspensión de vuelos a finales de marzo de 2022, por lo que la Comisión tomaría una decisión lo antes posible”, según una información de AFP, la agencia francesa de noticias, que recoge el diario Le Monde.
“Jurídicamente infundada”
La Unión Francesa de Aeropuertos (UAF) presentó una denuncia el 17 de septiembre, conjuntamente con el Consejo Internacional de Aeropuertos capítulo Europa (ACI Europe).
El presidente de la UAF, Thomas Juin, considera que el artículo 145 de la ley de Clima y resiliencia, aprobada en julio en Francia, es "jurídicamente infundado", ya que, es el que contempla la prohibición de "servicios regulares de transporte aéreo público para pasajeros en todas las conexiones aéreas dentro del territorio francés, cuyo viaje también se realiza en la red ferroviaria nacional sin conexión y mediante varios enlaces diarios de una duración inferior a dos hora y media”.
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Juin ha recordado que este artículo de la nueva normativa está basado en un texto europeo que prevé excepciones al ejercicio de los derechos de tráfico “en caso de daños graves al medio ambiente”, pero, según él, “por razones locales, temporales y no aplicables a al tema del calentamiento global”.
Por su parte, el Sindicato de Aerolíneas Autónomas (Scara) que se atribuye la representación de la mitad de las compañías francesas, aunque no incluye a Air France, también ha anunciado haber interpuesto un recurso ante Bruselas, con similar argumentación a la de los aeropuertos.
Las conexiones que entran dentro del perímetro de la ley son Marsella-Lyon, París-Orly-Nantes, Orly-Lyon y Orly-Burdeos. No obstante, el texto prevé excepciones para correos. La ley ratifica especialmente la existente, ya que el gobierno obligó a Air France a ceder las rutas en cuestión a cambio de un crédito garantizado por el Estado de 7.000 millones de euros para poder afrontar la crisis provocada por el coronavirus, poniéndole entre varias condiciones el recorte en un 50% de las emisiones de CO2 para 2024 en sus operaciones domésticas en Francia con respecto a 2019, lo que formaba parte del plan ambiental más amplio para reducir los gases contaminantes, contemplado en la ley.
Durante los debates parlamentarios, la UAF ya había impugnado la abolición de estas líneas, en particular Orly-Bordeaux que, antes de la crisis sanitaria, transportaba a más de 560.000 viajeros al año.
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