Hoteleros y viviendas turísticas la critican mientras que sindicatos y trabajadores la aplauden

Ley turística de Baleares: apoyos y detractores

Publicada 20/02/22 -Actualizada 20/03/22 02:00h
Ley turística de Baleares: apoyos y detractores
  • Los hoteleros de Mallorca lamentan que el bloqueo de plazas no se abordara en las negociaciones
  • Viviendas turísticas: "van a desaparecer unas 90.000 plazas de alquiler vacacional"
  • Los sindicatos celebran que por primera vez una ley turística priorice a los trabajadores

Hace unas semanas y en el marco de Fitur, dirigentes del Govern balear, arropados por las ministras de Turismo, Reyes Maroto, y de Trabajo, Yolanda Díaz daban a conocer las líneas generales de su nueva Ley de Turismo, en la que destacaba una medida estrella: la obligatoriedad, empezando por los establecimientos de 4 y 5 estrellas en 2023, de que los hoteles cambien 300.000 camas para sustituirlas por elevables, para lo que tendrán seis años. En su momento, los hoteleros mostraban cautela: "No hemos visto la letra pequeña", alertaba María Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). Al final la letra pequeña traía cambios sustanciales. El 11 de febrero se aprobaba la nueva norma por decreto ley y saltaba la sorpresa: se establecía una moratoria de nuevas plazas turísticas de alojamiento en los próximos cuatro años, una medida que ha decantado la balanza de apoyos y detractores a la ley: hasta la fecha, hoteleros, viviendas turísticas, los pequeños empresarios, constructores y el Consell de Ibiza se han mostrado críticos, mientras que sindicatos, camareras de piso, los Consells de Menorca y Formentera y el sector del lujo la aplauden. También la han refrendado pesos pesados del sector, como el CEO de Meliá, Gabriel Escarrer aunque eso sí, antes de que se conociera el grueso de la normativa.

Este viernes los hoteleros estallaban contra la ley y detallaban que si bien durante las negociaciones con el Govern estaban de acuerdo en las medidas de proyecto referidas a la ergonomía (las camas elevables), la sostenibilidad y circularidad y la actualización de los criterios para fijar categorías, el bloqueo de plazas en ningún momento se trató en las mesas de negociación con el Ejecutivo autonómico.

"Se debe permitir desarrollar inversiones. La libertad de mercado estimula la sana y necesaria competencia. Si se elimina esto nos condenan a la pérdida de atractivo", denunciaba Frontera, que criticaba además que la ley introdujera sin consenso la obligación de reducir el 5% de plazas para hacer reformas que imposibilitará la rehabilitación de muchos establecimientos.

De este modo, advertía que esta "imposición", iba a dificultar las reformas en ese 40% de la planta hotelera que aún no las ha llevado a cabo, mientras que las nuevas condiciones afectan al menos a 20 proyectos de rehabilitación en curso

María Frontera, durante su comparecencia del pasado viernes.

También los hoteleros de Ibiza se mostraron la pasada semana críticos contra la iniciativa. Para la presidenta de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, Ana Gordillo, la normativa se debería “haber consensuado” de otra manera.

“Deberíamos haber podido conocer el texto con anterioridad y haber podido debatir un poco si estamos de acuerdo o no en estas cosas”, indicó Gordillo, que puntualizó que desde el sector habían reclamado la “prohibición expresa” de los albergues turísticos, algo que no se recoge en la normativa.

Desaparición del 75% de viviendas turísticas

Pero la de los hoteleros no ha sido la única crítica que el Govern de Francina Armengol ha tenido que afrontar esta semana. El lunes la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico de Baleares (Habtur Baleares) advertía que la ley iba a abocar a la desaparición, "a medio y largo plazo", de unas 90.000 plazas de arrendamiento vacacional, el 75% de las existentes en Mallorca.

"Nos vamos a un escenario a medio y lago plazo de desaparición total del sector", incidía desde el sector, que curiosamente consideraba que la norma beneficiaba a los hoteleros

Coincidía con la queja del sector de la vivienda vacacional la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), que si bien consideraba en que es necesario decrecer en términos cuantitativos no debía ser un sector concreto como es el caso de la oferta vacacional el que tenga que hacer un el mayor esfuerzo. "El decrecimiento tiene que ser justo, proporcional y equitativo", defendía su presidente, Jordi Mora.

Por su parte, la Asociación de Constructores de Baleares expresaba también "su rechazo y preocupación" por la moratoria durante cuatro años de nuevas plazas turísticas y alertaba del "grave perjuicio económico sin justificación que compromete inversiones a presente y a futuro".

"Esta larga suspensión por decreto-ley representa un fracaso a nivel político al no haberse consensuado con el sector. Prohibir puede ser el camino más fácil pero no siempre el mejor", destacaba

"Imposición y propaganda"

Mucho más duro se mostraba el Consell de Ibiza. El mismo día de la presentación de la norma, el pasado 11 de febrero, su presidente, Vicent Marí, la tachaba de “imposición” y de "propaganda política y electoralista" y denunciaba las "formas reprobables” con las que se había sacado adelante.

"Con la administración insular no se ha hablado, ni se ha dialogado, ni ha participado de esta ley”, se quejaba el presidente insular, que abundaba en que una normativa “tan importante” debería tener el consenso y el diálogo de todas las partes:

“Los ibicencos tienen su voz, desde Mallorca no se nos pueden hacer leyes que nosotros debemos asumir y aplicar”, sostenía Marí, que deploraba el hecho de que la normativa “altera y modifica” las competencias de los consells sin tenerlos en cuenta

Precisamente, el pasado lunes el presidente de la administración insular trasladaba su “decepción” al responsable de Turismo balear, Iago Negueruela, porque la “voz de los ibicencos no se ha tenido en cuenta” y porque el bloqueo de plazas "se ha hecho con “nocturnidad y alevosía”.

"La ley menorquizará Baleares"

Por contra, desde el Consell de Menorca se mostraban favorables a una ley que "menorquinizará" el resto de las islas del archipiélago por la apuesta por la calidad, según su presidenta, Susana Mora.

"Desde hace años tenemos el estigma de que no queremos turismo, porque a diferencia de otras islas disfrutamos de un crecimiento más sostenido por anteponer nuestro territorio como eje social y económico. En estos momentos, todo el mundo quiere ser Menorca y tener un modelo sostenible, cuando desde aquí llevamos años luchando contra leyes de turismo que desarrollaban nuestro territorio", precisaba.

Por su parte, la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, calificaba la nueva ley de Turismo de medida “valiente” y “necesaria” y aseguraba que es necesaria “parar para repensar” el modelo turístico de futuro.

También esta semana han mostrado su respaldo a la normativa el colectivo de las camareras de piso de Baleares, que alaban la obligatoriedad de contar con camas elevables

"Estamos muy contentas de que esta ley se haya acordado de los trabajadores, más allá del empresario o el turista que viene. Porque al final somos nosotros los trabajadores los que reflotamos el turismo y levantamos el país", celebraba la presidenta de Kellys Unión Baleares, Sara del Mar, que no obstante llamaba a “ir más allá” para “atajar las cargas laborales y que se apliquen los estudios de carga de trabajo”.

"Va a empezar a cambiar el nivel de vida que tenemos trabajando en los hoteles y a la larga nos beneficia, porque tendremos muchos menos accidentes laborales", aseguraba.

"Las personas, primero"

Agradecemos que se ponga por primera vez a las personas que prestan sus servicios en los establecimientos de hostelería por delante de otras cuestiones. Aquí por primera vez dentro de una ley turística se tiene en cuenta a los trabajadores", coincidían los sindicatos UGT y CCOO, en aplaudir la norma.

Para UGT, la ley turística pone a Baleares en la vanguardia de lo que es el turismo, mientras que para CCOO la ley es un primer paso "para ser un referente turístico tanto para los turistas que visitan Baleares como para los trabajadores que prestan servicios".

También hace unas semanas daba su apoyo a la nueva norma un peso pesado del sector como es el CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, que la calificaba de "muy acertada", si bien por aquel entonces aún no se había dado a conocer el bloqueo de plazas.

"La ley ayudará a posicionar la comunidad como destino de referencia en esa apuesta por la calidad", aseveraba Escarrer, que defendía el uso de una parte de los fondos Next Generation UE para lograr este avance

Gabriel Escarrer junto a Francina Armengol y Iago Negueruela.

Precisamente, el vicepresidente de Meliá rechazaba que la norma sea "precipitada" y descartaba que gracias a estas ayudas europeas los hoteles de las islas no pudieran implementar las camas elevadoras en seis años.

Asimismo, también el sector del turismo de lujo de Mallorca ha dado su respaldo a la ley. "Apuesta por la calidad frente a la cantidad, una visión estratégica en la que nuestros socios ya vienen trabajado muchos años", indicaba Jesús Cuartero, presidente de Essentially Mallorca.

"Todo lo que sea apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la circularidad es un camino que nuestros socios vienen recorriendo y creemos que ese es el camino que todos deben recorrer para la excelencia del destino y la mejora de calidad del producto. Hay que sumar esfuerzos y posicionarse internacionalmente", señalaba Cuartero.

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