¿Necesita España un Ministerio de Turismo? Segunda parte

¿Necesita España un Ministerio de Turismo? Segunda parte

Viene de: ¿Necesita España un Ministerio de Turismo? Primera parte

He vivido profesionalmente la historia del Ministerio de Información y Turismo desde su nacimiento, ya que éste se crea el 18 de julio de 1951 y yo inicio mi vida profesional el 20 de septiembre de 1950, los primeros 11 años de la etapa del Ministro Gabriel Arias-Salgado no la vivo preocupado por los problemas derivados de los actos administrativos de ese Ministerio, ya que como “aprendiz de todo y oficial de nada” he trabajado como camarero, barman, cocinero, encargado de cafetería, maître, ayudante de recepción, todavía no me preocupan los actos de la Administración Turística, es al final de ese periodo, una vez ingreso en la Escuela de Hostelería para hacer la especialidad de Gerencia Hotelera, que empiezo a estudiar la legislación turística y empiezo a preocuparme de cómo esta va a afectar a mi futuro.

Cuando el 10 de julio de 1962 Fraga Iribarne es nombrado Ministro de Información y Turismo estoy trabajando como camarero en la Costa del Sol en las vacaciones de verano, a dos meses del inicio de los estudios del tercer año de la especialidad, y en aquellos momentos estoy más pendiente de la legislación laboral que de la turística, y empiezo a darme cuenta de que desde la Administración se toman decisiones que nos afectan mucho más de lo que podemos imaginarnos en aquellos momentos, el turismo está en sus inicios, hay poca oferta y una gran demanda de una Europa en pleno desarrollo, provocado por la ayuda de Estados Unidos durante los años cincuenta a la reconstrucción y reparación de los destrozos que ha provocado la Segunda Guerra Mundial, es un momento en que con poca oferta y una gran demanda, los abusos son moneda de cambio en la industria del turismo, con muy escasa defensa de los intereses del consumidor por parte de organismos públicos.

La falta de oferta ha dado pie por un lado a la aparición del Crédito Hotelero que facilita la financiación y construcción de nuevos hoteles, y por otro, ante los abusos que sufren los turistas, sean nacionales o extranjeros, en un afán de cortar los que se cometen en muchos establecimientos turísticos, que siguiendo lo que dicta la ley de la oferta y la demanda, pretenden cobrar cifras exageradas a los turistas, o les exigen y cobran determinados servicios, como es la exigencia de la pensión completa, o la media pensión con servicios de restaurante que luego van degradando a fin de que el cliente no los utilice pese a haberlos pagado.

Como podemos ver en la frase final del párrafo anterior, la clásica picaresca que nos lleva al “pan para hoy y hambre para mañana” al degradar de tal manera la imagen de la restauración de los hoteles, que los restaurantes de estos dejan de ser un atractivo para el turista, que encuentra una de las mejores ofertas gastronómicas del mundo en el gran número de restaurantes, tabernas, tascas y chiringuitos que proliferan en el país.

Los abusos de un gran número de establecimientos de hostelería de la época, hace que durante la etapa de Fraga Iribarne:

a) Se regulen los precios obligando a solicitar éstos a lo largo del mes de mayo de cada año, solicitud que no es vinculante para la administración, que concede unos precios máximos y mínimos según temporadas y categoría de los establecimientos.

b) Se prohíba a los hoteleros la posibilidad de exigir la inclusión de otros servicios cuando el cliente reserva una habitación, sea cual sea la temporada y la demanda existente.

c) Sean rígidamente controlada la facturación de los hoteles, que deben estar en todo momento a disposición de la Inspección de Turismo, para la que los establecimientos están obligados a disponer de un “libro de inspecciones” en cuyas hojas se refleja el resultado de las mismas, quedando a disposición de las futuras inspecciones copia de las actas de las inspecciones realizadas anteriormente, y que caso de cualquier tipo de infracción daba como resultado la imposición de elevadas sanciones, especialmente elevadas en caso de encontrar alguna factura con precios superiores a los autorizados, sin prestar atención alguna a los casos en que los precios facturados estén por debajo de los mínimos.

d) Se ponga en funcionamiento el Libro de Reclamaciones con exigencias tales como tener que presentar el libro en la Delegación Provincial de Turismo en el plazo máximo de 24 horas, lo que si no es un problema para establecimientos ubicados en la capital de provincia, si lo es para los que se hayan situados a una gran distancia de ésta, en los extremos más alejados de la provincia.

e) El extremo rigor con el que son tenidas en cuenta las reclamaciones de los clientes, hace necesario que la mayoría de empresas se vean obligadas a contratar a un abogado, para poder presentar el pliego de alegaciones o de descargos, que se tenía que presentar una vez el Juez Instructor enviaba al establecimiento el Pliego de Cargos derivado de lo escrito por el cliente en el libro de reclamaciones.

f) Al no existir en aquellos momentos, profesionales del derecho especializados en la legislación turística, la respuesta de la administración a la mayoría de reclamaciones, eran multas de excesiva cuantía, lo que hacía que muchos empresarios y directores de hotel, prefiriesen hacer fuertes descuentos, e incluso no cobrar la factura, si así evitaban tener que poner a disposición del cliente el libro de reclamaciones.

Todo lo anteriormente señalado, me permitió sacar utilidad a lo estudiado de derecho en el Peritaje Mercantil, y lo que había aprendido en cuanto a la redacción de documentos legales como “amanuense” en la Secretaria de Justicia de la Jurisdicción Central de Marina, en la que además atendía los escritos del Auditor y del Fiscal, donde estuve destinado durante 18 meses con otros 3 meses más destinado en el Consejo Supremo de Justicia Militar, durante mi servicio militar, y si bien es cierto que ni el Derecho Mercantil, ni la Justicia Militar tenían mucho que ver con la Legislación Turística, me habían dado cierta capacidad para interpretar todo tipo de textos legales, y me habían permitido ver la forma de dar respuesta a los escritos del Juez Instructor para desmontar los argumentos de los pliegos de cargo, lo que me permitió superar sin condena, todas las situaciones derivadas de reclamaciones de clientes o actas de inspección.

El recuerdo de aquellas situaciones, y la situación de práctico desamparo en el que podíamos llegar a sentirnos los directores frente a los inspectores de turismo y los clientes abusadores (en aquella época, algunos clientes podían ser considerados “profesionales del libro de reclamaciones”),no me hace pensar que la existencia de un Ministerio de Turismo, pueda beneficiar al sector, si bien es cierto que una vez más, considero que se debe de hacer algo en el sector turístico, para que desde la Administración se apoye de verdad al mismo.

En un momento en el que existe libertad de precios y exceso de oferta, con una inspección eficaz contra los abusos, precisamente en las noticias televisivas del día en que empiezo a escribir este post, 5 de septiembre de 2011, informan de la picaresca de muchos establecimientos turísticos que ofertan menús muy baratos para atraer al turista, al que luego engañan con los precios de las bebidas, que han declarado con precios muy altos, sin que se informe al cliente de dichos precios, una manera más de “decir a los turistas que nos visitan a donde no tienen que volver”, lo que puede hacer necesario encontrar respuesta adecuada con ayuda de la Administración, para hacer frente a estas prácticas.

Mi lucha con la Administración Turística durante muchos años, pese a que siempre pude salir victorioso, no me hace muy partidario de abogar por un Ministerio de Turismo, pero si de la necesidad de que mediante acuerdos de las asociaciones empresariales y los departamentos de turismo de las distintas Autonomías, se ponga freno a los fraudes y engaños de algunas empresas, cuyas acciones repercuten de forma negativa sobre todo el sector, porque no creo que sea bueno para el TURISMO, no olvidemos lo que el mismo representa en el PIB de nuestro país, que el empresariado en una suicida defensa de la libertad de las empresas, no trate de que se corten todo tipo de abusos hacia los clientes, o no defienda la exigencia de unos niveles mínimos no solo en los aspectos físicos de las instalaciones, que es muy fácil de controlar y definir, para tratar de marcar pautas de los aspectos intangibles de servicio y calidad de los establecimientos, de acuerdo con sus categorías, mucho más difíciles de controlar.

En el siguiente post incluiré el que recuerdo como mi primer enfrentamiento con la Administración turística, a punto de aprobarse el Estatuto de Directores de Empresas Turísticas, experiencia que no me hace muy sensible a la existencia de un organismo público con el poder de pernada (léase en sentido figurado) que tendría un Ministerio de Turismo, sobre los intereses de esta industria, al estar sometido más a los intereses políticos del momento, que a los de las empresas y trabajadores que la integran.